Aunque el Gobierno promovió la implementación de la boleta única de papel (BUP) como un avance en eficiencia y transparencia, los números del operativo electoral de este año contradicen esa narrativa. A pesar de haberse eliminado las elecciones primarias (PASO) y sin previsión de balotaje, el gasto total para las legislativas de octubre se ubicará en torno a los $395.133 millones, una cifra muy cercana al costo de las elecciones presidenciales de 2023, teniendo en cuenta que las mismas incluyeron tres instancias de votación.
En lugar de una elección más austera, el nuevo esquema derivó en un sistema más costoso y, según denuncian varios exfuncionarios y expertos, menos transparente. Uno de los factores centrales es el contrato que el Gobierno firmó con el Correo Argentino, por $223.000 millones, equivalente al 56% del gasto total. A diferencia de años anteriores, esta vez no habrá múltiples operativos, sino que será una sola elección, sin instancias intermedias. Sin embargo, la logística que ya debería haberse simplificado, terminó concentrándose en un solo actor bajo mecanismos poco accesibles a la ciudadanía.
Uno de los principales argumentos a favor de la BUP era el supuesto ahorro que generaría al Estado. Sin embargo, el costo de impresión será de al menos $43.000 millones más IVA, según el propio Correo. Además, a eso se suma una erogación de $21.000 millones adicionales por el escrutinio provisorio y la transmisión de telegramas, una tarea que históricamente realizaba la Dirección Nacional Electoral, y que ahora también fue delegada a la empresa estatal. La licitación, realizada de forma privada y por invitación, fue ganada por la española Indra, en un proceso que no se digitalizó y cuyos pliegos no están disponibles públicamente.
“Lo planteamos cuando se discutió la ley en el Congreso: la BUP no es más barata. Al contrario, su costo es claramente altísimo”, advirtió a fuentes autorizadas Marcos Schiavi, extitular de la Dirección Nacional Electoral durante el gobierno anterior. Y agregó: “Ni la suspensión de las PASO, ni el desdoblamiento de las elecciones de la provincia de Buenos Aires ni las BUP generaron ahorro. Al contrario, las elecciones se encarecieron”. La advertencia no solo cuestiona la narrativa oficial, sino que expone un modelo de contratación que, lejos de aumentar la transparencia, parece orientado a blindarse frente al escrutinio público.
El Correo no solo absorberá la logística tradicional, sino que también fue habilitado para contratar a las imprentas responsables de confeccionar las boletas y a la empresa encargada del recuento. Según fuentes oficiales, se eligió al Correo por estar constituido como sociedad anónima, lo que le permite realizar licitaciones privadas más rápidas que las públicas. Pero esa “agilidad” implicó una merma en los controles democráticos e implicó "un paso atrás", según el mismo Schiavi.
Mientras el oficialismo violeta justifica la centralización de las contrataciones como un camino hacia “una gestión más ágil, ordenada y eficiente”, crecen las dudas sobre los costos reales y el nivel de transparencia de todo el proceso. Como resumió Schiavi en su cuenta de X: “Las elecciones de este año van a ser caras. Mucho más caras”
La comparación con el operativo electoral de 2023 refuerza las sospechas, puesto que en aquella oportunidad, con tres instancias (PASO, generales y balotaje), el Estado gastó $110.000 millones. Ajustado por inflación, eso equivaldría hoy a unos $422.000 millones. Pero mientras ese proceso incluía cinco categorías de votación y una multitud de listas, las legislativas de este año tendrán menos cargos en juego y una sola jornada electoral.
Por esa última cuestión, el dato de un gasto tan similar despierta inquietud y convulsionó a la oposición. El senador Wado de Pedro fue de los primeros en denunciar la situación, meses atrás, al exigir la publicación de los pliegos técnicos.
Siguiendo lo expuesto por el medio La Nación, la Jefatura de Gabinete calculó que si se hubiesen hecho primarias con el sistema tradicional, el presupuesto completo habría trepado a los $577.000 millones. Sin embargo, especialistas electorales consideran que ese número fue sobredimensionado para justificar el nuevo esquema, e incluso, afirman que incluso el presupuesto actual ya es exagerado, considerando que no habrá segunda vuelta.