04.08.2025 / DEUDA
Kicillof advirtió que reclamará nuevamente ante la Corte Suprema para que Nación devuelva los fondos que adeuda
La gestión bonaerense insiste en que el máximo tribunal defina si avanzará en el caso por los más de $12 billones que Nación retiene a la Provincia de Buenos Aires. Desde la gobernación apuntan a que la Justicia no actuó igual que lo hizo a nivel federal denuncian la desfinanciación de obras claves.
El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se presentará una vez más ante la Corte Suprema el martes para exigir que el máximo tribunal avance sobre el caso de la deuda millonaria que la Nación mantiene con la región bonaerense, la cual, ya ascendió hacia los $12,1 billones y que recaen sobre la inversión en infraestructura, salud, educación y programas sociales.
“El gobierno nacional se roba la plata de la provincia”, denunció el ministro de Infraestructura y cabeza de lista de Fuerza Patria en la Primera Sección, Gabriel Katopodis, al referirse al freno total de las obras públicas financiadas por Nación desde diciembre de 2023, muchas de las cuales tenían entre un 70% y un 80% de avance. Según el informe elaborado por su cartera, ya pasaron 600 días sin inversiones nacionales, lo que afecta a los 135 municipios bonaerenses y se traduce en un deterioro acelerado de rutas, hospitales y escuelas.
La presentación judicial será realizada por la Fiscalía de Estado provincial y se suma a la demanda formalizada en abril del año pasado, centrada inicialmente en los $1,6 billones que la ANSES adeuda por la caja previsional bonaerense. Pero ahora, con un informe actualizado, el planteo abarca también saldos impagos de obras paralizadas y la discontinuidad de programas nacionales con ejecución provincial. “Son recursos con afectación específica que la Nación decidió no transferir más”, explicaron desde la gobernación.
Los números presentados por el Ejecutivo provincial dividen la deuda en tres ejes. A saber, $3 billones por transferencias directas, $6,9 billones por obras públicas comprometidas que fueron frenadas y $2,2 billones por programas desactivados o sin financiamiento, como el Fondo de Incentivo Docente, Potenciar Trabajo, asistencia a comedores o el Programa Remediar. En paralelo, según Bianco, “parte de esa plata es la que usan para dibujar este superávit trucho con el que todo el tiempo quieren hacer campaña”.
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