05.08.2025 / PREDISPOSICIÓN

Juicio a YPF: el Gobierno se ofreció a colaborar con la Justicia estadounidense ante presuntos casos de corrupción

La Argentina pidió tramitar por separado la apelación presentada por una ONG que busca intervenir en la causa, y aseguró que tomará medidas si se confirma que hubo pruebas ocultas en el juicio por la expropiación de la petrolera.





El Gobierno argentino presentó ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos un escrito en el que reiteró su voluntad de colaborar con las investigaciones sobre posibles actos de corrupción en torno al ingreso del Grupo Eskenazi a la petrolera. La presentación, además, rechaza que la apelación de la ONG Republican Action for Argentina (RA4ARG) sea tratada junto con la que presentó el Estado nacional y, a contramano, plantea que ambos reclamos abordan cuestiones legales diferentes.

La disputa judicial, que enfrenta a la Argentina con los fondos Burford Capital y Eton Park, tuvo un fallo adverso en septiembre de 2023, cuando la jueza Loretta Preska condenó al país a pagar más de 16.000 millones de dólares. Si bien esa sentencia fue apelada por el Estado nacional, la organización RA4ARG también intenta intervenir en el expediente, pero con la idea de ser reconocida como parte interesada por las supuestas irregularidades que rodearon la compra de acciones de YPF por parte de los Eskenazi durante los gobiernos peronistas.

La respuesta argentina sostuvo en su escrito que “toma con seriedad todas las denuncias de corrupción”, en alusión directa a las sospechas sobre cómo fue el proceso de incorporación del Grupo Eskenazi a la petrolera, y manifestó que está “abierto a colaborar con una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos” sobre los hechos, una posición que introduce un cambio de tono en la estrategia legal del país.

En caso de que se confirme que los empresarios involucrados en ese proceso ocultaron pruebas o incurrieron en falso testimonio durante el juicio en Nueva York, el Ejecutivo advirtió que evaluará iniciar acciones legales para pedir la anulación de la sentencia. De prosperar esa línea, la defensa argentina podría buscar dar vuelta el fallo inicial no solo con argumentos jurídicos sobre la expropiación, sino también apelando a las circunstancias que rodearon las pruebas presentadas.

Mientras tanto, RA4ARG tiene ahora un plazo de 21 días para responder la presentación del Gobierno. Además, en paralelo, sigue pendiente otro pedido de la ONG para suspender la audiencia de apelación sobre el fondo del caso, prevista para fines de octubre, decisión que está en manos de la misma Corte de Apelaciones.