Según la información que extendió el juez federal Ernesto Kreplak, al momento, se contabilizan 76 muertes por consumo de fentanilo, aunque el número de afectados aún “no llegó a un techo”. La investigación que avanza desde el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3 de La Plata, apunta a lotes producidos por los laboratorios Pharma Group S.A. y Ramallo S.A., que se distribuyeron en distintas provincias antes de detectarse su adulteración.
Según detalló el magistrado en diálogo con un medio radial, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) incautó varios lotes de la sustancia. En dos de ellos se confirmó la contaminación: “Uno tuvo una alta circulación y se aplicó ampliamente. El otro no llegó a administrarse ninguna dosis porque recién había salido a la calle”, explicó. La Justicia estima que se aplicaron unas 45 mil ampollas de uno de los lotes falseados.
Kreplak subrayó que la causa es “extensa, compleja y con múltiples aristas” y que el trabajo judicial se concentra en determinar las víctimas en todo el país, así como las responsabilidades “primarias y directas”. Si bien aclaró que actualmente “no circulan ampollas contaminadas”, anticipó que espera un total de 100 víctimas, a la vez que señaló la necesidad de que Argentina cuente con un sistema de seguimiento de este analgésico, utilizado de forma legal en hospitales pero que, sin controles estrictos, puede tener consecuencias letales.
En paralelo, la ANMAT salió a desmentir versiones que señalaban que el laboratorio HLB Pharma estaba habilitado para “comprar certificados para fabricar remedios”. El organismo precisó que la empresa no está autorizada a producir, importar, exportar ni comercializar medicamentos, y que se encuentra formalmente inhibida, lo que “tiene los mismos efectos que una clausura”.
“La inhibición impide cualquier actividad vinculada al desarrollo, fraccionamiento o distribución de productos médicos o farmacéuticos”, remarcó la ANMAT en un comunicado. Además, se informó que HLB Pharma carece de un Director Técnico registrado, requisito básico para que un laboratorio pueda operar en el país.