12.08.2025 / CUENTA REGRESIVA
Queda solo un día para que los condenados por la causa Vialidad depositen más de $600 mil millones por “reparación”
La Justicia espera que los responsables efectúen un pago millonario para resarcir el daño al Estado. De no hacerlo, activará mecanismos para ejecutar los bienes embargados, con un proceso judicial complejo por delante.
Mañana, miércoles 13 de agosto, vence el plazo para que los condenados en la causa Vialidad depositen la suma de $684.059.552.836 en concepto de reparación económica al Estado. Sin embargo, a esta altura la cuenta judicial abierta en el Banco Nación permanece sin movimientos, lo que llevaría a la Justicia a considerar la ejecución forzosa de los bienes embargados para asegurar el resarcimiento.
El Tribunal Oral Federal N°2, a cargo del caso, conformado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, remarcó que esta acción es “consecuencia del proceso de determinación fehaciente del daño al erario público” y busca que los responsables devuelvan lo obtenido por lo que consideran un “gravísimo acto de corrupción”.
La situación de Cristina Fernández de Kirchner, cuya condena devino en un severo proceso de proscripción, resulta particularmente compleja. En 2016, la expresidenta transfirió todo su patrimonio a sus hijos Máximo y Florencia, por lo que actualmente declara como único ingreso su jubilación. A esto se suma que enfrenta otros frentes judiciales con embargos activos, como la causa Hotesur–Los Sauces, donde la Justicia rechazó levantar el congelamiento sobre sus bienes, que incluyen propiedades, vehículos y dinero en efectivo.
En paralelo, la Justicia podría cuestionar la transferencia anticipada de patrimonio a sus hijos, argumentando que fue un mecanismo para evadir embargos futuros. Cristina Kirchner, por su parte, sigue litigando para recuperar su jubilación y la pensión vitalicia que recibió como viuda del expresidente, beneficios anulados por el actual Gobierno tras su condena. Su defensa sostiene que se trata de “un derecho alimentario” y que la suspensión vulnera “derechos humanos básicos”.
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