21.08.2025 / EMBATE

Javier Milei prevé denunciar al juez que anuló el veto a la emergencia en Discapacidad

El Gobierno confirmó que apelará la decisión judicial que dejó sin efecto el veto presidencial y anticipó una denuncia contra el magistrado Adrián González Charvay en el Consejo de la Magistratura.






El presidente Javier Milei avanzará contra el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, luego de que este declarara inconstitucional el veto a la ley de emergencia en discapacidad. El Ejecutivo ya advirtió que presentará una apelación y que, además, llevará al magistrado al Consejo de la Magistratura, según adelantó otro medio. 

La resolución cuestionada se dictó tras un amparo presentado por los padres de dos niños de 11 años con discapacidad. Según González Charvay, el veto presidencial significaba “un caso de clara discriminación a personas con discapacidad” y afectaba derechos básicos como la salud, la educación y la rehabilitación.

Para el juez, la medida del Gobierno también “viola obligaciones internacionales de derechos humanos al mantener el desfinanciamiento del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad”. En su fallo señaló la “marcada pérdida del poder adquisitivo de las prestaciones desde diciembre de 2023”.

El Ejecutivo sostiene, en cambio, que el veto es una atribución prevista en el artículo 83 de la Constitución Nacional y que solo el Congreso, con dos tercios de los votos, puede revertirlo. Por ese motivo, calificaron de “inconstitucional” la decisión judicial y confirmaron que no la acatarán.

Fuentes oficiales aseguraron que “el presidente puede vetar lo que se le cante” y criticaron la intervención del magistrado. En Casa Rosada afirman que el fallo busca interferir en funciones propias del Poder Ejecutivo y que genera un precedente riesgoso frente a futuros reclamos judiciales.

El dictamen de González Charvay además advirtió sobre la doble vulnerabilidad de los dos niños que protagonizaron la presentación judicial, al tratarse de menores con discapacidad, lo que obliga a redoblar la protección de sus derechos conforme a convenciones internacionales de jerarquía constitucional.

No es la primera vez que el Gobierno confronta con jueces por medidas contrarias a su estrategia. En marzo, la administración de Milei ya había denunciado a la magistrada porteña Karina Andrade tras ordenar la liberación de detenidos en una protesta de jubilados. En aquella ocasión, la causa fue archivada, pero dejó en claro la disposición oficial a embestir contra la Justicia cuando obstaculiza sus decisiones.