11.09.2025 / Dato mata relato
La pandemia Milei: 238 empresas pidieron el procedimiento para recortar, cifra sólo superada por el Covid
Desde que gobierna Milei, 238 empresas pidieron al Gobierno la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis, o sea permiso para echar, suspender o reducir salarios. Entre 2021 y 2023, se tramitaron menos de 60 por año. La crisis libertaria sólo fue superada en 2020, con la cuarentena global por la pandemia.
Desde fines de 2023 hasta agosto de 2025, es decir la totalidad del gobierno de Javier Milei, fue el peor período de crisis para las empresas del siglo, salvo por las consecuencias de la pandemia de Covid-19 en 2020, un suceso global e inédito al que todo el mundo reaccionó más o menos de la misma forma.
Sin embargo, hay otros datos que dan cuenta de las dificultades que atraviesa la denominada economía real y uno contundente es el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), un recurso que las empresas le solicitan a la Secretaría de Trabajo para avanzar en despidos, suspensiones, reducción de salarios o achicar costos de indemnizaciones, entre otras cosas, bajo la justificación de que la firma atraviesa serios problemas.
El portal TN hizo un pedido de acceso a la información pública y de la información oficial resulta que desde fines de 2023 hasta agosto de este año, 238 empresas le pidieron a la Secretaría de Trabajo la apertura de un PPC.
De las 238 solicitudes, 139 se realizaron en el primer año de gestión de Milei y las restantes 99 se hicieron entre enero y mediados de agosto de 2025.
Las cifras son catatróficas: son las más elevadas desde 2020, cuando por la pandemia se solicitaron 498 procedimientos en un contexto en que todo el planeta atravesaba cuarentenas para evitar los contagios de Covid-19, con lo que tanto la producción como el comercio estaban congelados.
Para pedir un PPC y que sea aprobado, las empresas deben demostrar mediante balances y otros documentos que sufieron fuertes pérdidas de rentabilidad que exponen la necesidad de tomar medidas como ajustes salariales, suspensiones o despidos. Además, prevé una negociación entre la empresa, el sindicato y el Gobierno para acordar los detalles de las decisiones a aplicar.
De todos modos, casi la mitad de los pedidos quedaron en condición de “guarda temporal”, o sea que fueron archivados por parte de la Secretaría de Trabajo, que sí homologó 38 de ellos y otros tantos figuran en trámite.
“Al asumir en diciembre de 2023, detectamos que el procedimiento vigente era engorroso, poco claro y con requisitos que muchas veces resultaban de difícil cumplimiento para las empresas”, se excusaron desde el mismo medio desde el Ministerio de Capital Humano.
Entre las empresas que solicitaron el PPC ante la cartera laboral hay desde grandes marcas hasta firmas menos conocidas, e incluyen diversos sectores que van desde consumo masivo hasta la industria, el transporte y la energía, solo por mencionar algunos.
En 2024, entre los casos más conocidos están los fabricantes de neumáticos Fate y Bridgestone. En ese momento, las firmas alegaron que sufrieron una caída considerable de sus exportaciones y problemas por falta de competitividad. Se sumó el conflicto que se desarrolló en 2022 y que, según un comunicado de Bridgstone en ese entonces, provocó “una pérdida de confianza corporativa, que generó la transferencia del volumen de exportación de la Argentina a otras plantas de la región".
Este año también se presentaron la principal productora de pollos del país, Granja Tres Arroyos; la cerealera Vicentín; las empresas lácteas Sancor y Verónica; y uno de los principales productores de trigo y soja: Los Grobo.
En varias de esas compañías coincidieron en que sus dificultades se explican por un contexto de caída de ventas, falta de competitividad y aumento de costos. Algunas incluso mostraron problemas financieros más sensibles, como cadenas de pagos interrumpidas y cheques rebotados acumulados.
Pampa Energía, la firma de Marcelo Mindlin, también hizo un pedido de PPC. Según pudo saber TN, se acudió a ese instrumento para una planta y se decidió desestimar internamente esa alternativa, aunque en los papeles de la Secretaría de Trabajo todavía figura “en trámite”.
Además, en el listado aparecen dos empresas públicas. La primera es la Casa de Moneda, que solicitó el procedimiento y se encuentra en estado de “tramitación con dictamen observado”.
Según pudo reconstruir TN de fuentes de la fábrica de billetes, el pedido se inició como parte del proceso de intervención que se dispuso en octubre de 2024 y que, a fines de agosto, se prorrogó por otros 120 días. La decisión del Gobierno, por ejemplo, provocó tener que pagar a empresas privadas para fabricar billetes y chapas de vehículos, sector que sigue en crisis y abundan los autos sin patente en la calle.
La segunda empresa que funciona bajo la órbita del Estado y que pidió el procedimiento preventivo de crisis es Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, que tiene a su cargo la administración y operación de los medios públicos.
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