El veto presidencial a la ley de distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional ha abierto un capítulo nuevo en la relación entre Javier Milei y los gobernadores. La decisión del Presidente de mantener bajo su órbita discrecional una caja millonaria coincide, paradójicamente, con el reparto de $12.500 millones en ATN a cuatro mandatarios: Hugo Passalacqua, en Misiones; Rogelio Frigerio, en Entre Ríos; Leandro Zdero, en Chaco; y Maximiliano Pullaro, en Santa Fe. La política argentina es pródiga en estas ironías: se veta lo que, al mismo tiempo, se practica.
El escenario que se abre ahora es estrictamente parlamentario y de rosca política.
La ley volverá a discutirse en el Congreso y el oficialismo necesita que al menos una parte de los diputados que responden a esos gobernadores se incline por sostener el veto. La clave está, entonces, en esas bancadas provinciales que, por su volumen y por la influencia de sus gobernadores, tienen capacidad de inclinar la balanza.
En
Santa Fe, el territorio de Pullaro, la nómina es extensa y variada.
Allí aparecen Mario Barletta, de Unidos; Rocío Bonacci y Romina Diez, de La Libertad Avanza; Alejandro Bongiovanni, Luciano Laspina, Germana Figueroa Casas, José Núñez y Marilú Quiroz, todos de extracción macrista o radical; Gabriel Chumpitaz y Verónica Razzini, alineados en el espacio Futuro y Libertad; Mónica Fein, del socialismo de Encuentro Federal; Vanesa Giroldi, de Democracia Para Siempre; Enrique Paolicchi, también en Encuentro Federal; Nicolás Mayoraz, enrolado en La Libertad Avanza; y Roberto Mirabella, de Desarrollamos Santa Fe. Es una foto de la fragmentación política santafesina, que refleja también las tensiones del propio Pullaro, obligado a negociar con bloques que lo sostienen pero no siempre le responden de manera automática.
En
Misiones, en cambio, la estructura es más compacta:
Alberto Arrúa, Carlos Alberto Fernández, Yamila Ruiz y Daniel Vancsik integran el bloque de Innovación Federal, expresión parlamentaria del Frente Renovador de la Concordia, la fuerza que Passalacqua maneja con un control casi hegemónico en la política provincial. Allí, la expectativa es que voten en línea con su gobernador, que hasta ahora ha cultivado una relación pragmática con la Casa Rosada.
En
Chaco, los nombres que rodean a Zdero son Gerardo Cipolini, radical histórico; Juan Carlos Polini, enrolado en Democracia Para Siempre; y Marilú Quiroz, referente chaqueña del PRO.
Son tres legisladores que orbitan alrededor del gobernador y que, en este contexto, podrían convertirse en los votos que el oficialismo necesita para sostener el veto.
En
Entre Ríos, el gobernador Frigerio cuenta con dos espadas legislativas: Francisco Morchio, de Encuentro Federal, y Nancy Ballejos, del PRO. A
mbos lo representan en la Cámara baja y fueron claves en la construcción electoral que llevó a Frigerio al poder.
El tablero es claro: los gobernadores recibieron fondos al mismo tiempo que vieron vetada una ley que los beneficiaba. Ahora son sus diputados los que deberán decidir si acompañan al Presidente o si se alinean con la mayoría que en agosto había sancionado la norma. El dilema expone, en el fondo, la naturaleza de la relación entre Milei y las provincias: una tensión permanente entre la discrecionalidad fiscal de la Casa Rosada y la necesidad de los mandatarios de asegurarse recursos predecibles.