
El ministro de Economía, Luis Caputo, deberá enfrentar un desafío adicional si el Congreso aprueba proyectos de ley que implican mayor gasto público. Según un informe del Instituto de Investigaciones Económicas para la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), en ese escenario el Gobierno debería aplicar un recorte del 14% en las partidas de gasto no automático para no incumplir las metas fiscales acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El cálculo surge del impacto que tendrían tres medidas en debate: la ley de emergencia por discapacidad, la distribución de fondos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la modificación del esquema del Impuesto a los Combustibles. En conjunto, sumarían un costo fiscal de 0,2% del PBI en lo que resta de 2025.
En el escenario base, el ajuste proyectado para las partidas discrecionales era del 12% en términos reales para los últimos cinco meses del año, debido al incremento del gasto automático indexado por inflación. Pero con las nuevas iniciativas, ese recorte debería ampliarse al 14%.
El IERAL, dirigido por Marcelo Capello y Federico Beich en el área fiscal, advierte que sin ese ajuste adicional el superávit primario del 1,6% del PBI previsto para 2025 quedaría en riesgo.
El informe también detalla que, en los primeros siete meses del año, el gasto primario subió 2,4% en términos reales respecto de 2024, aunque sigue siendo 29% menor al de 2023. Dentro de esa evolución, las jubilaciones crecieron 20% real interanual, la Asignación Universal por Hijo (AUH) un 33%, mientras que los subsidios a la energía cayeron 56% y las transferencias a empresas públicas bajaron 45%.
En este contexto, el margen de maniobra para Caputo se achica: si el Congreso habilita más gasto, el único camino para cumplir con el FMI será un ajuste aún más profundo en el gasto discrecional.