El relevamiento mide el impacto político de la narcopolítica en el corazón del oficialismo. Según los resultados, casi nueve de cada diez personas (89,7%) están al tanto de la denuncia que salpica a Espert, que pasó de prometer “cárcel o bala” para el narco a admitir que viajó 35 veces en aviones de un presunto narcotraficante y que cobró 200 mil dólares que atribuye a un trabajo privado. Seis de cada diez (63,7%) dicen no creerle su explicación.
La encuesta recoge además que el 56% considera verdaderas las acusaciones y que existe “un entramado de corrupción y narcotráfico ligado a Espert”, mientras que un 30,4% lo interpreta como “una jugada electoral para perjudicarlo”. El golpe a la confianza es más fuerte entre mujeres con mayor nivel educativo y cede entre varones menores de 40 años, un patrón que tensiona el núcleo electoral libertario.
El respaldo de Javier Milei también queda bajo la lupa: un 59,1% opina que el Presidente sabe que Espert es culpable, aunque lo sostiene por conveniencia electoral o por estar involucrado, y solo un 33,7% cree que lo considera inocente. La Casa Rosada queda así atrapada entre el blindaje político a su candidato y un humor social que asocia el caso a la corrupción y al dinero sucio.
En términos electorales, el efecto directo sobre el voto aparece moderado, pero erosivo: un 54,6% afirma que el caso no modifica su elección, aunque la mayoría de ese grupo señala que opta por otro espacio; apenas un 34,3% mantiene su apoyo a La Libertad Avanza. Incluso antes de la renuncia de Espert a su candidatura, el 54,8% ya sostenía que debía bajarse. La foto refuerza una tendencia: la agenda de la “casta” y la mano dura contra el narco se desdibuja cuando el escándalo estalla en casa propia.