En 2024, el Sindicato de Trabajadores Caninos (STC) envió en proyecto de ley al Congreso para impulsar la creación de un régimen laboral de escala nacional que permita incorporar al sector al plano de la formalidad. Empezaron a organizarse en 2013, en el barrio porteño de Paternal, en primer instancia, para establecer un precio mínimo al paseo. Sin embargo, rápidamente resolvieron que, por la expansión del rubro en los últimos años, era necesaria una ley que los consolidara en el terreno laboral.
Según estimaciones del sindicato, solo en la Ciudad de Buenos Aires hay unos 5.000 paseadores, 100.000 a lo largo del territorio argentino y alrededor de 20 millones animales de compañía. En ese marco, paseadores, peluqueros, adiestradores y auxiliares caninos agrupados exigen su lugar, mediante una norma que habilite el acceso a un derecho laboral propio, ante un Gobierno que desde el inicio de su gestión implementó medidas de reforma en dicha área con la intención de profundizarlas.
A la espera de que el documento se mueva dentro de la Comisión de Trabajo en la Cámara de Diputados, con altas expectativas porque el plazo de tratamiento está por llegar a término, el secretario general del sindicato,
Matías Tomsich, dialogó con
Política Argentina.
“La política debe pensar cómo se incorporan nuevos trabajadores, los del siglo XXI, a la formalidad. Si no hacemos que se mueva de acá a fin de año, lo vamos a volver a presentar”, advirtió.
“Estamos a favor de la reforma laboral, pero una que incorpore a todos los que estamos fuera”, reivindicó Tomsich. Y evaluó que la Ley de Contrato de Trabajo (sancionada en 1974) perdió vigencia. “Soy peronista, no tengo problema en decirlo. Pero, si bien hay que defender la ley porque se logró con años de lucha, hay que incorporar a todos. No puede ser que nos quedamos anclados en algo que cada vez representa a menos compañeros y compañeras”, proclamó.
El régimen especial para trabajadores caninos consta de cuatro puntos esenciales,
siendo el primero el acceso a derechos laborales: salario mínimo, vacaciones pagas, licencias, cobertura por accidentes de trabajo, aportes previsionales, jubilación, paritarias. Se plantea la creación de un Registro Nacional de Trabajadores Caninos; una Comisión Nacional de Trabajo Canino compuesta por el Estado, los trabajadores y los tutores, cuya función sería fijar salarios mínimos, categorías, etc; Caja Asistencial para “sostener los ingresos de los trabajadores tras finalizar un vínculo laboral”. Además, insisten en la necesidad de impulsar paritarias porque, actualmente, la situación “es inviable”.
En segundo lugar, bienestar animal. “Laburamos de eso porque amamos a los perros. Vivimos en una sociedad donde se habla de familia multiespecie, y un trabajador capacitado brindará un mejor cuidado. Hoy podés hacer cualquier curso o no hacer nada, no pueden controlar si estás capacitado o no”, sostuvo.
El tercero involucra directamente a los tutores. “Mayor seguridad para los empleadores porque no sabés a quién estás dejando a cargo tu perro. Si tengo denuncias por maltrato animal, qué capacitaciones tengo, etc”, planteó el secretario de STC. Por último, remarcó que
el proyecto contempla que “el Estado Nacional pase a recaudar más de $7.000”, debido “al aporte de los 100.000 trabajadores caninos” que hoy se reparten por todo el país. Este último punto adquiere especial relevancia, considerando que el lema del Gobierno de Milei es sostener el equilibrio fiscal sin importar el costo, incluso, el del bienestar de jubilados, personas con discapacidad, infancias y universitarios.
A su vez, Tomsich recalcó que hubo un largo proceso de reconocimiento de
los riesgos que corre el sector sin protección estatal ni regulaciones, en el cual el Conicet y la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) tuvieron un rol clave.
Enfermedades zoonóticas, afecciones por el pelo canino, el uso del cinturón paseador y las extensas caminatas son algunos de los factores que reconoció como determinantes para la salud a largo plazo: “Ponés el cuerpo todo el tiempo”.
Asimismo, asegura que personas de más de 60 años continúan en labor a pesar de las condiciones físicas en las que se encuentran. Según el último relevamiento del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA, la población de 60 años o más presentan la segunda mayor incidencia de trabajo informal, después de los jóvenes de entre 16 y 24 años. A eso hay que añadir que la moratoria previsional ya no es una opción tras el veto de Nación.
ESTADO PARLAMENTARIO
Respecto al proyecto de ley que aguarda tratamiento en el Congreso, la misma cuenta con la firma de legisladores de Unión por la Patria, principalmente de extracción sindical. Entre ellas, la del diputado nacional por la provincia de Córdoba y candidato al mismo puesto de Unión por la Patria (UxP)
Pablo Carro.
Consultado al respecto, Carro avaló:
“Son laburantes que no hacen aportes ni tienen obra social, cualquiera en Argentina debe tener garantizados esos derechos”. Y en esa línea, profundizó que “el cuidado del animal es clave y, además, moviliza a muchísima gente. Que estén bien cuidados por quienes los pasean es razonable”. Si bien, la moción podría expirar a fin de año, aseguró que “sería un avance importante”.
EFECTO PANDÉMICO
“La pandemia visibilizó la soledad. Se profundizó el vínculo con animales de compañía y la compra de perros y gatos”, analizó Tomsich en diálogo con este medio. “Además, puso en jaque la complejidad de la familia actual. Ya no se habla de familia tipo, sino de familia multiespecie e interespecie”.
En ese sentido, tras el revuelo que causó el informe de la Universidad Austral en mayo de este año al advertir una caída del 40% de la natalidad desde 2014, y que ubicó a Argentina como el segundo país con la tasa más baja de la región; el conductor del STC opinó que “la política debe pensar herramientas para darle a la sociedad” y, para ello, es vital que las condiciones estén garantizadas. “Si no te alcanza para vivir solo y pagar alquiler se te complica, menos se puede proyectar una familia”, remarcó.
Por otra parte, no se puede ignorar que el 2020 introdujo una nueva era de informalidad y trabajo por cuenta propia, en muchas ocasiones, camuflado bajo el romanticismo del empleo freelancer que penetró discursivamente a una generación. Consultado por la oportunidad a jóvenes en búsqueda de su primer trabajo, el dirigente contó que hubo una cifra de 800 inscriptos en el curso de paseador/a que da el gremio junto a la Facultad de Veterinaria de la UBA. “Son 30 cupos. Ahí se ve la necesidad de la gente de trabajar, y hacerlo en algo que les gusta”, recordó.
Ante un panorama que amenaza con ser aún más complejo por los efectos de un programa económico que solo ajusta sin ofrecer ningún tipo de bienestar a los trabajadores, el planteo del STC busca allanar el camino hacia una ampliación de derechos que quizás, en algún momento, contenga también a demás sectores emergentes y relegados.
“Reivindicamos un sector laboral que sigue creciendo. Es un reclamo legítimo, no estamos pidiendo planes, incluso estaríamos generando mayor ingreso al Estado. Pedimos trabajar de lo que queremos con derechos laborales”, cerró.