17.10.2025 / SEGURIDAD
El Gobierno declaró oficialmente como terrorista a la comunidad mapuche de la que formaba parte Rafael Nahuel
A través del Ministerio de Justicia, la administración de Javier Milei incorporó a miembros de la comunidad Lafken Winkul Mapu en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo (RePET) por la ocupación de tierras en Villa Mascardi en 2022.
El Gobierno, a través del Ministerio de Justicia a cargo de Mariano Cúneo Libarona, formalizó la inclusión de miembros de la comunidad Lafken Winkul Mapu en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo (RePET). La medida se fundamenta en la participación de estos individuos en la ocupación de tierras en la zona de Villa Mascardi, en Río Negro, en 2022, el mismo lugar donde en 2017 fue asesinado por la espalda Rafael Nahuel en el marco de un operativo de Prefectura ordenado por la Justicia y ejecutado por Patricia Bullrich.
Los integrantes de la comunidad afectados por la medida denunciaron que la inclusión en el RePET implica perjuicios inmediatos como la cancelación de cuentas bancarias y billeteras virtuales, la imposibilidad de percibir asignaciones familiares, e incluso el impedimento para cobrar pensiones por discapacidad. La decisión del Ministerio de Justicia no es un precedente aislado en relación con grupos mapuches. En el mismo registro RePET figura también Facundo Jones Huala, referente de la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), acusada anteriormente de estar vinculada a ataques contra la propiedad privada.
Frente a la determinación oficial, la Gremial de Abogados y Abogadas convocó a una conferencia de prensa, calificando la decisión gubernamental como "una persecución supremacista y absolutamente criminal contra las comunidades mapuche". La entidad advirtió que la medida sienta un peligroso antecedente para cualquier organización o colectivo social que se oponga a las políticas de la actual administración.
La comunidad Lafken Winkul Mapu fue protagonista de la prolongada ocupación de terrenos públicos y privados en Villa Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche, un conflicto que culminó en causas judiciales y condenas en suspenso por el delito de usurpación para varios de sus miembros en mayo pasado.
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