El gobierno de Milei quedó bajo la lupa de la CIDH por el “deterioro acelerado” de la libertad de expresión

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos citó al gobierno de Javier Milei a una audiencia por la situación de la libertad de expresión en Argentina. El pedido lo impulsaron FOPEA, Amnistía Internacional, el CELS, ACIJ, CELE y SiPreBA, que advirtieron sobre un “deterioro veloz” de las condiciones para el ejercicio del periodismo. “Argentina deberá dar explicaciones ante la CIDH”, sostuvo Amnistía, que remarcó la preocupación por “la judicialización abusiva contra periodistas” y los discursos estigmatizantes desde altos niveles del Estado.

FOPEA denunció un “empeoramiento progresivo” del hostigamiento hacia la prensa y un incremento de ataques, especialmente desde que el Presidente convocó a sus seguidores a “odiar más a los periodistas”. También se documentaron agresiones durante protestas, restricciones en Casa Rosada y trabas para acceder a información pública. Entre abril y julio, el monitoreo de FOPEA registró un aumento del 24% en agresiones a periodistas, con un 71% vinculadas a violencia estatal, y atribuyó el 27% de los ataques directamente al mandatario.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA ya había alertado en su informe anual sobre el “deterioro acelerado” de las garantías para la prensa durante el primer año del gobierno libertario. Su titular, Pedro Vaca Villarreal, señaló “la baja tolerancia a las críticas y los procesos deliberativos”, y cuestionó los discursos oficiales “contra periodistas y medios de comunicación, y particularmente contra mujeres”.

“El presidente Milei ha sostenido un discurso recurrente y constante de estigmatización hacia periodistas y medios”, afirmó la RELE, que recordó que el jefe de Estado los calificó como “corruptos”, “mentirosos”, “difamadores” y “extorsionadores”, y que llegó a declarar que “el 85% de los medios miente todo el tiempo”. La Relatoría también destacó el crecimiento de la violencia digital contra mujeres periodistas, con campañas de acoso amplificadas desde canales oficiales. “Las declaraciones estigmatizantes de altos funcionarios públicos pueden colocar a periodistas en mayor vulnerabilidad y riesgo de sufrir ataques”, concluyó el informe.

---

---