El fiscal federal Franco Picardi apeló la decisión judicial que había cerrado la causa por el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional durante el gobierno de Mauricio Macri al considerar que el archivo fue arbitrario y que la evaluación de las pruebas se realizó de manera fragmentada y sin un análisis integral de los hechos.
En su presentación, el representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que la jueza interviniente abordó los episodios investigados como hechos aislados cuando, según la fiscalía, forman parte de un proceso concatenado que debe ser examinado de forma global para determinar eventuales responsabilidades penales.
El recurso cuestiona además que el fallo haya transcripto elementos probatorios sin ponderarlos ni explicar cómo se arribó a la conclusión de que no existían delitos, y remarca que hay indicios suficientes para profundizar la pesquisa sobre posibles incumplimientos normativos, irregularidades en la administración de los fondos y perjuicios económicos para el Estado.
Entre los puntos señalados por la fiscalía también figuran aspectos institucionales del acuerdo, como la presunta falta de intervención formal del Congreso y la eventual reconstrucción posterior de expedientes administrativos para justificar decisiones ya adoptadas en el marco de la negociación con el FMI.
La apelación se produce luego de que el Gobierno nacional resolviera retirar al Estado como querellante tras el archivo del expediente, una decisión respaldada por el fallo que había concluido que “no se cometieron los delitos denunciados” y que las medidas adoptadas formaron parte de “el ejercicio de facultades discrecionales de las que goza el Poder Ejecutivo Nacional para llevar a cabo su política económica”.