La encuesta preguntó de manera directa: “¿Está a favor del paro general organizado por la Confederación General del Trabajo (CGT)?”. El 67,5% respondió que está a favor con movilización y un 4,4% apoyó la medida sin movilización. En total, el 71,9% se manifestó favorable al paro. En contraposición, el 27,3% declaró no estar de acuerdo y apenas el 0,8% no supo o no contestó. El respaldo mayoritario se expresó incluso cuando la propia central obrera anticipó que no promoverá una movilización masiva.
En paralelo, el monitoreo de opinión sobre la reforma laboral mostró un retroceso significativo para el Gobierno. En noviembre de 2025, el 55% apoyaba la iniciativa y el 39% la rechazaba. En febrero de 2026, el respaldo descendió al 48,6% y el rechazo escaló al 45,2%. La brecha favorable que era de 16 puntos se redujo drásticamente, en un escenario donde el contenido de la reforma comenzó a discutirse con mayor profundidad y sus implicancias laborales quedaron más expuestas.
El corrimiento en la opinión pública se dio en un contexto de fuerte contracción económica. En los últimos dos años cerraron más de 21.000 empresas y se perdieron más de 300.000 puestos de trabajo registrados. La caída del consumo y el encarecimiento del crédito comprimieron márgenes y consolidaron un clima de incertidumbre sostenida, especialmente en las pymes, que concentran el 70% del empleo privado formal.
El paro nacional del 19 de febrero también tuvo impacto económico medible: la estimación central ubicó la pérdida neta de valor agregado en unos 461 millones de dólares para una jornada de 24 horas con paralización del transporte público. El monto equivale al 0,0685% del PBI nominal anual 2025 y a casi el 20% de un día hábil equivalente. Más allá de la cifra, el dato político fue otro: el paro no apareció como un hecho aislado, sino como la expresión de un malestar social creciente frente a un programa laboral que dejó de mostrar consenso amplio y pasó a convertirse en un eje de conflicto abierto.