La exfuncionaria del Ministerio de Economía Ornella Calvete, procesada junto a su padre Miguel Ángel Calvete en la causa que investiga corrupción en ANDIS, sostuvo en la apelación a su procesamiento que los casi 700.000 dólares encontrados en su domicilio durante un allanamiento no eran suyos, sino en gran parte de su padre y que ya estaban allí cuando se mudó al departamento.
También dijo que desconocía el monto exacto y el origen del dinero, y que jamás dispuso de ese efectivo. Lo cierto es que durante el allanamiento descubrieron fajos de dinero en un mueble que totalizaron 695.457 dólares, 19.996.200 de pesos y 1960 euros.
Calvete puntualizó que la mayor parte de esa suma (600.000 dólares) fue reclamada por una accionista de INDECOMM SRL (una empresa que constituyó su padre); que otra parte pertenecía a su pareja, Javier Cardini, desplazado como ella de su cargo en el Palacio de Hacienda tras el escándalo; y que una tercera porción sí le pertenecía, como consecuencia de una donación realizada por su padre mediante escritura pública.
“Ornella Calvete no tiene ni ha tenido relación comercial alguna con ninguno de los involucrados en este caso. Nada tiene que ver con ninguna contratación que la Andis haya efectuado en el período investigado, ni antes ni después”, afirmó en el escrito su abogado defensor, Fernando Manzanares.
La explicación de Ornella Calvete en torno al efectivo encontrado en su departamento merece cada detalle. En el escrito, la joven indicó que “viviendo en Escobar le era ciertamente incomodo viajar todos los días de la semana a trabajar al centro”, donde se encuentra el ministerio que comanda Luis Caputo. Era marzo de 2025 y entonces le “consultó a su padre si no tenía algún departamento de su propiedad disponible” y que su padre le ofreció “un monoambiente en México 55, piso 34 depto. 346 ‘Ala Rio’ al cual se mudó sola”.
“Un par de meses después decide con su novio buscar un departamento para irse a vivir juntos. Le comenta esto a su padre, quien le ofrece otro departamento en el mismo edificio pero que contaba con tres ambientes”, continúa el escrito, que introduce otro elemento clave: la condena que ya tenía su padre por explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena, por la que está detenido.
“Debido a la complicada situación procesal que su padre atravesaba en otra causa éste le comentó, antes que se mudase al citado inmueble que había dejado dinero en efectivo (en una cajonera bajo llave) y algunos objetos de su propiedad en ese departamento”, indicaron los abogados de Ornella, para concluir: “A lo que su hija le manifestó ‘que no se preocupase que no íbamos a tocar nada’”.
Para apuntalar su defensa, usó a su favor el intercambio de mensajes que tuvo con su padre en noviembre cuando, en plena efervescencia del caso Andis, le advertía sobre la presencia de policías abajo del edificio y le preguntaba si su empresa Indecomm disponía de “cash blanco”, esto es, legal. “Por si entran acá y me ven con mosssca”, lo alertó.
Entonces dijo que una prueba de que no gestionaba ese dinero es que tras aquella primera “falsa alarma” ella no movió los fajos de dólares, pesos y euros, que fueron encontrados luego por la Policía en un allanamiento realizado un mes después, en octubre de 2025.
Ornella también se desvinculó de Profarma, una de las droguerías favorecidas en la maniobra investigada, que pertenece en los papeles a Ruth Noemí Lozano. En su apelación dijo que no era empleada ni accionista de la empresa y que tampoco tenía vínculos informales.
La Justicia cree que Ornella pujaba por expandir los negocios de la droguería. En uno de los mensajes que constan en el expediente, Ornella afirma respecto a la empresa: “Quedate tranquilo que de Profarma no nos van a cagar porque es mi viejo (y sé dónde vive)”.
La fiscalía sostiene además que Ornella Calvete, aprovechando su cargo como Directora Nacional en el Ministerio de Economía, utilizó su influencia para favorecer los intereses privados de su padre. Por un lado, se la acusa de haberle suministrado información privilegiada para emprender nuevos negocios en el sector de los agroquímicos y, por el otro, de haber contratado a dos personas cercanas a Calvete −Ruth Lozano y su asistente personal, Patricia Canavesio− con fondos públicos.
Ornella se defendió de una y otra acusación. Ella dijo que las contrataciones se realizaron a través de un ente sobre el cual no tenía incidencia, el FAMP (Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina), y que los contactos con la persona interesada en comercializar urea en el país fueron parte de un proyecto privado para importar el producto desde Kazajistán, porque como parte de sus planes a futuro tenía previsto abandonar su cargo en el Estado.
“Sobre el negocio en sí, yo me estaba por ir del sector público y me interesaba la posibilidad de que el mismo avanzase. Le pedí a mi padre, que tenía muchos más conocimientos que yo sobre el mundo comercial, que me diese una mano para conformar el negocio”, afirmó.
La causa nació con la difusión de los audios atribuidos al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo en los que se hacía mención a un supuesto esquema de coimas dentro del organismo. Si esas grabaciones, cuyo origen se desconoce, constituyen o no una prueba válida en la causa es todavía objeto de tensiones judiciales, pero tanto el juez Sebastián Casanello como el fiscal Franco Picardi consideran que el caso tiene vida propia y a principios de mes avanzaron con una tanda de 19 procesamientos. Entre los alcanzados figuran Spagnuolo, el médico Pablo Atchabahian, Miguel Ángel Calvete y su hija Ornella, quien, según la acusación, habría tenido participación en el presunto entramado delictivo.