El diputado nacional de Unión por la Patria Nicolás Trotta presentó junto a otros 22 legisladores de distintos bloques un proyecto de Ley de Fortalecimiento Salarial Educativo que declara la emergencia en la educación obligatoria estatal y propone recomponer los ingresos de docentes, directivos y no docentes mediante un esquema de complementos financiado con el 1 por ciento de los Aportes del Tesoro Nacional, al sostener que “hay un consenso amplio sobre el rol que debe asumir el Estado en la inversión educativa”.
La propuesta contempla un adicional que, según estimaciones del propio proyecto, podría representar entre un 7 y un 10 por ciento del salario según la jurisdicción, y alcanzar hasta un 17 o 18 por ciento en el caso de quienes se desempeñen en escuelas con alta vulnerabilidad social. Para un docente con dos cargos, el refuerzo superaría los 100 mil pesos mensuales.
El texto se fundamenta en la caída del poder adquisitivo del sector: entre 2023 y 2025 el salario docente promedio perdió un 19 por ciento de su capacidad de compra, de acuerdo con datos del INDEC. En ese marco, la iniciativa plantea utilizar recursos que durante 2025 no fueron ejecutados y que permanecieron en manos del Estado nacional.
Además del refuerzo salarial, el proyecto prevé destinar los ATN no utilizados el año pasado, unos 740.500 millones de pesos, a obras de reparación y mantenimiento de infraestructura escolar en todo el país, con un 25 por ciento asignado específicamente a escuelas técnicas de gestión estatal.
Los impulsores también señalan que la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente profundizó las brechas salariales entre provincias y remarcan que la propuesta no implica la creación de nuevos tributos, sino la reasignación de partidas existentes, con el objetivo de garantizar el inicio del ciclo lectivo 2026 en un escenario atravesado por tensiones presupuestarias y reclamos en el sistema educativo.