El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, reclamó en la apertura de sesiones ordinarias el pago de la deuda por coparticipación que mantiene la Nación, con la cual, según considerón, serviría para "hacer tres líneas de subte, cuatro más de trambus, refacción de 800 escuelas, equipamiento de todos los hospitales y CESACs, comprar 500 patrulleros más y 60 formaciones de subte nuevas", e incluso, "bajar impuestos".
En ese sentido, el alcalde solicitó respaldo unánime de la Legislatura para sostener la demanda, haciendo hincapié en que dichos recursos retenidos condicionan obras estratégicas y políticas pública. Además, vinculó el reclamo con la autonomía porteña y la necesidad de consolidar el nuevo fuero laboral transferido a la órbita local.
En paralelo, con contundencia, defendió el rumbo de su gestión: “La ciudad del caos y el desorden se terminó”, afirmó, aferrándose al hecho de que su gestión terminó con “piquetes, usurpaciones, venta ilegal y comedores manejados por intermediarios”. En señal de satisfacción, sostuvo: "Ya no hay espacio para minorías violentas que rompen las reglas de convivencia".
Macri también pidió cambios normativos para abordar la situación de personas en la vía pública: “Necesitamos que no puedan rechazar la ayuda. No se trata de perseguirlos como criminales ni de llevarlos detenidos. Lo que queremos es rescatarlos”. Según precisó, la red social asiste a 16 mil personas, pero habría "1.800 que no aceptan ayuda. La gran mayoría con problemas de adicciones y de salud mental”, por lo que el sistema “debe contar con herramientas legales para evitar rechazos sistemáticos”.
En materia económica, destacó una política de alivio fiscal y orden presupuestario, bajo la promesa de que la Ciudad mantiene “orden fiscal y el menor nivel de deuda de los últimos doce años”, junto con rebajas impositivas y devoluciones a contribuyentes. “Acá se asienta el 21% del PBI nacional. Esto representa un escenario enorme de oportunidades si entendemos algo simple: cuando al privado le va bien, a la Ciudad le va bien”, asentó.
Sobre el final, insistió en que la Ciudad no permitirá que se naturalicen conductas como el accionar de los “trapitos” y reclamó la sanción de nuevas leyes para endurecer sanciones: “No puede ser que destruir bienes públicos siga siendo apenas una contravención. El que rompe lo que es de todos, debe tener consecuencias penales”, amenazó.