Un informe difundido por la organización Inquilinos Agrupados reveló un dato preocupante: el 17,2% de los inquilinos debió mudarse por no poder afrontar el alquiler. El número, cercano a uno de cada cinco, sintetiza el nivel de presión que ejerce el costo de la vivienda sobre los ingresos.
El relevamiento -elaborado entre el 17 y el 20 de marzo sobre 690 casos en 20 provincias- confirma también una tendencia que ya dejó de ser excepción para transformarse en regla: el 70,6% de los encuestados destina más del 40% de su salario al pago del alquiler. En paralelo, el 70,9% reconoce tener deudas activas, en un escenario donde la economía cotidiana se sostiene, cada vez más, a base de crédito.
La radiografía se vuelve más cruda cuando se observa el destino de ese endeudamiento. Más de la mitad de los inquilinos (53,2%) tomó deuda para poder comer, mientras que el 38,9% lo hizo específicamente para pagar el alquiler. Las tarjetas de crédito aparecen como principal herramienta de financiamiento: el 65,2% recurrió a ellas para cubrir gastos básicos.
El ajuste también se siente dentro del hogar. El 89,6% de los consultados afirmó haber recortado gastos domésticos. En ese universo, el 65,1% redujo el consumo de alimentos y el 54,2% resignó gastos en salud. El dato más elocuente: apenas el 38,6% logra realizar cuatro comidas diarias.
Frente a ese escenario, el trabajo aparece como variable de compensación, aunque insuficiente. El 45,7% de los inquilinos tiene más de un empleo, mientras que el 14,1% perdió alguna fuente laboral en el último año. La precariedad laboral y el pluriempleo conviven como dos caras de la misma moneda.
El informe también aporta una clave estructural: el 43% de los encuestados forma parte de una segunda generación de inquilinos, lo que da cuenta de la dificultad creciente para acceder a la vivienda propia.