Presentaron una denuncia penal por los créditos VIP del Banco Nación a funcionarios libertarios

La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade presentó una denuncia penal en la que pidió investigar si funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza y socios políticos que figuran en un registro oficial fueron privilegiados y su par del Partido Socialista Esteban Paulón dijo que "hay sospecha firme de que se saltaron la cola" y que recibieron fondos tres veces superiores al promedio, situación ante la cual el Gobierno salió a esgrimir sus primeras justificaciones mediáticas y filtró que "prepara" una defensa oficial. 
Frade presentó el viernes pasado una denuncia penal para que se investigue si los beneficiarios gozaron de privilegios y si accedieron a estos préstamos a través de negociaciones incompatibles.

Todo tiene que ver con que, días atrás, se dio a conocer, con nombres y montos, el otorgamiento de cientos de créditos del Banco Nación a dirigentes predominantemente libertarios. La información se encuentra en los registros de la Central de Deudores del Banco Central y fue procesada en la plataforma “¿Cuánto deben?”, ideada por el visualizador de datos Andrés Snitcofsky.

Algunos de los beneficiarios señalados por Frade son Juan Pablo Carreira, conocido en X como “Juan Doe”, a cargo de la Oficina de Respuesta Oficial, la cuenta de X dedicada a desmentir a periodistas ($113 millones); Pedro Inchauspe, director del Banco Central ($510 millones); y Felipe Núñez, director del BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior) y asesor del ministro Luis Caputo ($510 millones).

También Federico Furiase, secretario de Finanzas ($376 millones); Emiliano José Mongilardi, director de YPF ($309 millones); Sharif Menem, sobrino y secretario privado de Martín Menem ($357 millones); y los diputados nacionales de La Libertad Avanza Lorena Villaverde, Mariano Campero, Santiago Santurio y Alejandro Bongiovanni ($255 millones).

En el caso de la rionegrina Villaverde, quien afrontó una causa por narcotráfico, Frade señala que fue beneficiada con un préstamo de $227 millones “pese a que la sucursal del banco de su domicilio en Cipoletti le había rechazado su carpeta”.

El Banco Nación desmintió irregularidades en un comunicado donde aclaró que “acceder a los préstamos es homogéneo, sin excepciones”. Sin embargo, advirtió Frade, “desde 2024 existe una línea diferencial para empleados y funcionarios públicos, con beneficios que no tienen los clientes regulares”.

“Estamos frente a una utilización privilegiada de los fondos públicos (de ahorristas comunes) que resultan inaccesibles para la mayoría de esos ahorristas, lo cual podría afectar su reputación y, con ello, su liquidez”, afirmó Frade.

La legisladora se preguntó: “¿Cuál ha sido, por ejemplo, la relación ingreso-cuota, en el otorgamiento de un crédito de varios millones a Sharif Menem, con un ingreso estimado de $2 millones? ¿O cómo se evaluó el riesgo de cobro de una diputada (Villaverde) que posee varios conflictos con la ley penal?”.

“Resulta evidente que, desde el punto de vista de los funcionarios públicos, los beneficiarios se hicieron de una acreencia financiera que no se condecía con su perfil patrimonial o ingresos reales”, insistió Frade.

Algunos de los señalados hicieron su descargo. El diputado tucumano Marino Campero, quien se pasó del bloque de “radicales con peluca” al de La Libertad Avanza, fue uno: “No recibí ningún beneficio político. Asumí una deuda para darle una casa a mi familia”. También denunció que la polémica es “alentada por el peronismo”.

Otro diputado que saltó a las filas libertarias, el santafesino Bongiovanni (en este caso, desde el PRO), también se defendió de las acusaciones. “Es falso que tomé una deuda hipotecaria con tasas o plazos diferentes o preferenciales a las generales”, publicó en X.

Esteban Paulón, del Partido Socialista, cuestionó duramente la obtención de créditos hipotecarios por parte de funcionarios del Gobierno nacional, denunciando una presunta "doble vara" ética y posibles irregularidades en el otorgamiento de los fondos por parte del Banco Nación.

"Hay sospecha firme de que se saltaron la cola", afirmó el legislador en diálogo con Cadena 3, y puso la lupa en la disparidad alarmante en las cifras: mientras que el promedio de los 27.000 créditos otorgados por la entidad oscila entre los 70.000 y 80.000 dólares, los funcionarios nacionales habrían recibido montos superiores a los 240.000 dólares (aproximadamente 300 millones de pesos).

"Tratándose de créditos de tal magnitud, los requisitos deben ser rigurosos. Sin embargo, estamos viendo una sobrerrepresentación de personas vinculadas a La Libertad Avanza entre los beneficiarios", señaló, antes de también poner en duda la estabilidad laboral de los solicitantes para calificar a este tipo de préstamos a largo plazo.

Respecto a las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien defendió la legalidad de las operaciones, Paulón fue tajante: "Legalmente puede tener razón, pero hay que ver cómo se cruzaron los datos. Que directores de bancos públicos accedan a créditos en plazos tan cortos nos permite sospechar de tráfico de influencias o incompatibilidad de funciones".

El legislador comparó la situación con escándalos de gestiones anteriores: "¿Por qué tenemos esta doble vara? El ministro decidió encubrir a su personal mientras que estos créditos, con tasas subsidiadas, deberían ir a las familias con déficit habitacional y no a funcionarios que compran propiedades de lujo como 'primera vivienda'".

Ante la gravedad de los hechos, el bloque socialista presentó pedidos de informes al Banco Central y al Banco Nación. El objetivo es determinar si existió un trato preferencial o una "mala praxis" técnica al aceptar múltiples codeudores para inflar ingresos de forma artificial. "Analizaremos la información para ver si hay margen para hacer una presentación en la Justicia", concluyó Paulón.

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