26.04.2026 / Gobierno libertario
Piden indagatoria del titular de ARCA por esconder tres propiedades de más de USD 2,1 millones en Miami
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) solicitó indagar al titular de la ex AFIP, Andrés Vázquez, por ocultarle a la Oficina Anticorrupción (OA) y al organismo fiscal que él mismo lidera que tiene tres propiedades que valen más de US$ 2,1 millones en Estados Unidos. Los detalles del escándalo.
Los escándalos judiciales por presunta corrupción que enfrenta el gobierno de Javier Milei escalan diariamente y no, como cree el Presidente, por un encono del periodismo en su contra sino por el trabajo de la Justicia: en este caso, el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, pidió la indagatoria del titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vázquez, debido a que el funcionario libertario "omitió maliciosamente" en su declaración jurada tanto a la Oficina Anticorrupción (OA) como al propio organismo fiscal que él mismo lidera que es el dueño y beneficiario final de tres propiedades por más de US$ 2,1 millones en Miami, Estados Unidos.
El fiscal evaluó que Vázquez debe ser procesado e indagado por el delito de omisión maliciosa de consignar datos en la declaración jurada patrimonial. Se trata de una figura penal que prevé hasta 2 años de prisión y la inhabilitación perpetua a ocupar cargos públicos.
En ese marco, le requirió al fiscal federal Guillermo Marijuán que amplíe la investigación a los presuntos delitos de evasión tributaria, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. O sea, el titular de la PIA cree que el jefe de la ARCA de Milei es corrupto y escondió de su propio organismo y otros el dinero mal habido.
Así las cosas y según se precisó en un artículo de La Nación, el pedido de indagatoria contra Vázquez deberá ser resuelto por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.
Según la Justicia, "sin duda alguna, Andrés Edgardo Vázquez incurrió en el delito de omisión de insertar datos en la declaración jurada patrimonial” y “por cuanto maliciosamente obvió insertar el real vinculo que tenía con las sociedades que registran bienes en el exterior, inmuebles que él y su familia usufructúan”.
Vázquez fue designado al frente de la Dirección General Impositiva (DGI) en octubre de 2024 y ascendido al liderazgo de ARCA, en diciembre de 2025, por el presidente Milei. Si bien afronta cuestionamientos e investigaciones penales desde hace años, la pesquisa judicial actual se inició tras una investigación periodística que La Nación y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) en diciembre de 2024, con el apoyo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés).
Fue tramita durante los primeros meses por el juez federal Daniel Rafecas y el fiscal federal Carlos Rívolo, pero pasó luego al juez Martínez de Giorgi y el fiscal Guillermo Marijuán, quien pidió obtener información adicional de las Islas Vírgenes Británicas mediante un exhorto judicial.
Marijuán avanza en la pesquisa sobre Vázquez con el apoyo de dos fiscalías especializadas: la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), que lidera el fiscal Diego Velasco, y la PIA, bajo el mando del fiscal Rodríguez, que en su dictamen de 54 carillas afirmó que quedó probado que Vázquez no declaró ante la Oficina Anticorrupción ni ante ARCA tres inmuebles en Miami valuados en más de US$ 2 millones.
Esas tres propiedades, según verificó Rodríguez son las unidades 3504 y 2811 del complejo Icon Brickell, adquiridas en enero de 2013 por US$ 710.000 y US$ 400.000 respectivamente mediante la sociedad panameña Alcorta Corp., y la suite 904 del condominio Chateau Beach Residences, en Sunny Isles, comprada en julio de 2015 por US$ 980.000 a través de Pompeya Group Corp.
Ambas firmas panameñas quedaron, desde 2016, bajo el control de Galanthus Capital Limited, una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas donde Vázquez figura como beneficiario final, según los formularios internos del estudio Trident Trust, que lo catalogó como Persona Políticamente Expuesta (PEP).
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