12.05.2026 / educación pública
"203 días sin aplicar la Ley": qué dice el documento leído en Plaza de Mayo durante la cuarta Marcha Federal Universitaria
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales volvieron a exponer al Poder Ejecutivo.
En el marco de la cuarta Marcha Federal Universitaria que se desarrolló en todo el país, las autoridades de las facultades, como los titulares de los diferentes gremios, tanto docentes como no docentes, volvieron a pedirle al Gobierno que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.
En el documento que leyeron en el acto central, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales volvieron a exponer al Poder Ejecutivo.
Según el texto, el financiamiento del sistema universitario nacional es actualmente crítico “porque el Gobierno nacional incumple la regla democrática y constitucional básica: cumplir la Ley de Financiamiento Universitario”, que establece un piso de recursos para el normal funcionamiento del sistema.
Del mismo modo, se advierte que el Ejecutivo también desoye los fallos judiciales que ordenan su aplicación inmediata.
En ese sentido, reclamaron que las transferencias a universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026. De esta manera, se ven afectadas todas las dimensiones de la actividad universitaria y compromete sus funciones sustantivas. A ello se suma que el poder adquisitivo de las partidas destinadas a gastos de funcionamiento no superó, en ningún mes de la gestión actual, el 64% del valor que tenían en enero de 2023. El equivalente a casi nueve meses de transferencias se habría perdido durante esta administración.
En tanto, remarcaron el deterioro salarial que sufrieron los trabajadores de la educación. Entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, la inflación acumuló 293,30%, mientras que los salarios del sector registraron un incremento del 147,30%, lo que arroja una pérdida de poder adquisitivo del 37,13%. En términos concretos, el documento estima que esa erosión equivale a la pérdida de aproximadamente 10,9 salarios en el período.
“Esta situación ubica en la actualidad a los salarios universitarios en su nivel más bajo de los últimos 23 años y en uno de los niveles más bajos desde el retorno de la democracia, contando con los peores salarios del Estado nacional y los más bajos de América Latina. La progresiva pérdida salarial causa además la destrucción de nuestras obras sociales, del sistema de salud y de los haberes jubilatorios”, añade el escrito.
Las consecuencias de esa política salarial se extienden, según el escrito, al conjunto de las condiciones laborales: renuncias de profesionales formados, reducción de dedicaciones, pluriempleo y crisis en las obras sociales de los trabajadores del sector. “Las y los trabajadores de las universidades públicas cobran salarios que no nos permiten llegar a fin de mes y cubrir las necesidades básicas”, sostienen.
Hacia el cierre, la declaración interpela directamente a la Corte Suprema de Justicia: le piden que “escuche el clamor de las plazas de toda la república y no permita que el Gobierno nacional siga incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario”. Esto es en relación con el recurso que impuso el Gobierno para que el máximo tribunal se defina sobre la normativa.
“No permitamos que los pilares de nuestras universidades trabajadores docentes, nodocentes, investigadores y estudiantes, sean expulsados del sistema. Si hoy no defendemos a nuestras universidades, el futuro de prosperidad para el país será solo un sueño”, completaron.
EL DOCUMENTO COMPLETO QUE SE LEYÓ EN PLAZA DE MAYO
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