03.06.2026 / ESTE JUEVES
Extranjerización de la tierra: el Senado tratará el proyecto de Sturzenegger que arriesga la soberanía nacional
Científicos del Conicet advierten que la iniciativa impulsada por el Ejecutivo incrementará la concentración de tierras en manos extranjeras. Al día de hoy, 36 departamentos del país exceden el 15% límite de propiedad extranjera y cuatro de ellos superan el 50%. El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada aterriza esta semana en el Senado.
por Abril Terenghi Goy
El Gobierno nacional buscará avanzar contra los recursos naturales de Argentina. La vía es un proyecto impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, bautizado “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, que pretende profundizar el fenómeno de extranjerización de nuestro territorio seguido de una mayor desprotección de áreas estratégicas. El resultado de estas decisiones: la soberanía nacional sobre nuestro territorio pasaría a pender de un hilo.
El paquete que el Senado de la Nación tiene previsto tratar este jueves 4 de junio -con amplio respaldo de aliados- contempla una serie de transformaciones alarmantes: elimina topes a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, habilita los llamados “desalojos exprés” y restringe el margen estatal para declarar la utilidad pública de un bien. El proyecto no es ninguna novedad: una de las primeras medidas de Milei al comenzar su gestión, fue derogar la Ley de Tierras Rurales (26.737) por medio de un DNU. Gracias a un recurso de amparo, la medida logró contenerse y se frenó parcialmente, por eso, el Gobierno decidió renovar su estrategia: atacar por vías legislativas, donde viene trabajando duro para reunir apoyo.
La circunstancia exige, una vez más, revisar los datos. El Observatorio de Tierras, conformado por científicos del Conicet, elaboró un informe en el que precisamente da cuenta de las consecuencias derivadas de un proyecto de esta índole. “Este paquete reconfigura la relación entre territorio, estado y ciudadanía. En el caso de Tierras (la ley) se trata de una derogación porque quita los límites para el sujeto más importante que adquiere tierras en nuestro país: las empresas y los fondos de inversión”, afirmó Julieta Caggiano, socióloga e integrante del programa mencionado que participó en la elaboración del último informe sobre este tema.
Las cifras son alarmantes. “Si bien el Gobierno lo niega, 36 departamentos exceden el límite impuesto y cuatro superan el 50%. En total, 13 millones de hectáreas se encuentran actualmente en manos extranjeras”, alertó, a partir de datos obtenidos del Registro Nacional de Tierras. El interés es claro: “Esos territorios contienen recursos muy valiosos, bienes estratégicos: glaciares, cuerpos de agua, tierras a la vera de los ríos, espacios de frontera, puertos, etc”.
El principal sustento oficial para empujar las modificaciones son los artículos de la Constitución Nacional que refieren a la igualdad de derechos civiles para los extranjeros. Sin embargo, en este punto se aprecia un desplazamiento del sujeto al que se buscaba interpelar al momento de su sanción en 1853: el inmigrante que venía a habitar y trabajar el suelo argentino en búsqueda de prosperidad. “Este proyecto no piensa en inversiones que dejen plata al país. No es lo mismo habitar un suelo que controlarlo desde afuera. Acá, grandes empresas y fondos de inversión están interesados en tierras nuestras", analizó la académica.
Cabe mencionar que el costo no se limita a lo económico, sino que sería también simbólico, ya que está en juego “el vínculo de nuestro pueblo con sus espacios más valiosos porque los propietarios extranjeros impiden el paso para el uso productivo, turístico y de esparcimiento”, señaló la socióloga graduada de la Universidad Nacional de Hurlingham. “Si la ley sale, están en peligro las casi 280 millones de hectáreas restantes de tierras rurales en el país”, completó.
En ese sentido, el informe del Programa de Investigaciones de Historia Agraria (PRIHA) advierte que no se trata de un ajuste técnico, sino un cambio estructural en la lógica de intervención estatal sobre el territorio. “Hay un discurso fácil de inversión extranjera igual a desarrollo local. Pero es importante desarmar ese discurso”, insistió Caggiano.
Cambios centrales
Mentras la normativa vigente concibe la tierra como un bien cuyo acceso y control deben ser regulados, el proyecto reduce la intervención estatal a situaciones excepciones. En esa línea, hace hincapié en proteger las tierras de Estados extranjeros, "figura que en la práctica es excepcional", destaca el informe sobre el proyecto de extranjerización. Más bien, "el fenómeno está dominado por los grandes capitales privados”.
En ese sentido, la propuesta actual deroga los artículos 8, 9 y 10 de la ley vigente, por lo cual, se suprimirían el límite del 15% a la titularidad extranjera sobre territorio nacional, provincial y municipal; el límite por nacionalidad de ese porcentaje (30%) y el tope de extensión por titular extranjero. También desaparece el Consejo Interministerial de Tierras Rurales y se reducen las obligaciones de información por parte de actores externos. “Menos datos, menor capacidad de seguimiento y mayores dificultades para conocer quiénes adquieren tierras y bajo qué condiciones", insisten desde el Observatorio.
Quiénes poseen nuestras tierras
Los últimos datos del RNTR, de agosto de 2025, arrojaron que 2,7 millones de hectáreas están en manos estadounidenses, seguidos por italianos y españoles. Hablamos de que la mitad de la superficie total extranjerizada en Argentina está concentrada por privados de esas tres nacionalidades. En pocas palabras: ciudadanos de Estados Unidos poseen una extensión mayor a la provincia de Tucumán.
Dentro de los 36 distritos que superan ampliamente el límite del 15% extranjerizable, se observan cuatro casos dramáticos: Lácar, General Lamadrid, Molinos y San Carlos contemplan un 50% de extranjerización.
Macri y Lewis, una historia de favores VIP
El ex presidente y empresario Mauricio Macri contribuyó significativamente a la extranjerización del suelo argentino. Un antecedente reciente se detecta en su gestión con el Decreto 820/2016 -redactado por el estudio que representaba a la empresa del magnate Joe Lewis, Hidden Lake- el cual, debilitó los mecanismos de control y limitó la articulación entre la UIF y la AFIP para detectar maniobras con testaferros, siguiendo la explicación del informe del PRIHA.
A esa desregulación le siguió una serie de maniobras fraudulentas que por un tiempo permanecieron bajo la lupa judicial. Por ejemplo, el caso del chileno Ibáñez Bulnes que compró 60.000 hectáreas en El Calafate falsificando documentos con complicidad oficial; o el de capitales de Emiratos Árabes para adquirir 40.000 hectáreas en Río Negro usando testaferros, los mismos inversores árabes que luego le compraron a Joe Lewis el aeródromo de Bahía Dorada.
El panorama se torna dramático y cada vez más complejo. Aunque el ámbito científico y académico ofrece un destello esperanzador: “Hay que ver mecanismos para recuperar tierras que exceden el límite de la ley. Por eso hay que prestar especial atención a las compras fraudulentas de empresarios. Es ahí donde podríamos tener herramientas de recuperación".
El jueves el Senado debatirá el proyecto presentado por Sturzenegger el mismo día en que se votó la Ley de Glaciares. La Libertad Avanza, con sus 21 legisladores, necesita al menos 37 votos para imponer una mayoría. Las negociaciones lideradas por la pieza clave de Milei en ese terreno, Patricia Bullrich, fue productiva: hay acuerdo con bloques aliados, tal como ocurrió con Glaciares. Los gobernadores, grandes beneficiarios de esta propuesta, tendrán la última palabra para la media sanción. Mientras tanto, las calles esperan.
Lo más leído
