Hace casi una semana, la Legislatura porteña aprobó el proyecto por el cual la Ciudad de Buenos Aires cede a la Nación el usufructo del predio de la ex ESMA y de otros cuatro ex centros clandestinos de detención de la última dictadua cívico-militar por 30 años y se votó la disolución del Instituto Espacio para la Memoria (IEM), que deja de ser un ente perteneciente a la Ciudad, y la creación, en su lugar, de un Consejo Asesor en Políticas Públicas de la Memoria. Ayer, tras tres horas de debate, la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que refrenda el acuerdo entre la Ciudad y Nación para el traspaso de los predios.
La iniciativa se aprobó con 142 votos a favor (del oficialismo, habituales aliados y el PRO) y 81 en contra. Durante el discurso de cierre del debate del proyecto, Juan Cabandié, diputado nacional por el FPV e hijo de desaparecidos, aseguró: "Estos predios no son patrimonio de los organismos de derechos humanos ni de un partido en particular, son del conjunto de los argentinos, del Estado, que tiene que bregar por la construcción de la memoria"
Al referirse a la disolución del Instituto Espacio para la Memoria para crear el Consejo Asesor en Políticas Públicas de la Memoria, no ahorró críticas al Gobierno de la Ciudad: "El Instituto de la Memoria sufrió un embate presupuestario por parte del Gobierno de la Ciudad. Producto de la subejecución del presupuesto destinado a políticas de Derechos Humanos en la Ciudad y por la mala gestión del IEM no se realizaron las obras de construcción necesarias para que pueda darse a conocer al conjunto de la sociedad lo que ocurrió en esos lugares para que las próximas generaciones puedan entender lo acontecido" y luego remarcó, sobre el traspaso de los predios a la órbita de Nación: "Es necesario para proteger la ejecución y para cuidar los recursos humanos también porque los 127 trabajadores pasarán a la órbita nacional en resguardo de la garantía laboral”
Sobre el acuerdo con el PRO, el otro partido que votó a favor de la medida, el diputado nacional aclaró: "Pacto fue el Pacto de Olivos, esto no es un pacto, está en el terreno de la gobernabilidad. El Gobierno Nacional tiene la obligación de hacer acuerdos de gobernabilidad con los 2.228 municipios de la Argentina, y así lo hicimos, porque gobernamos en todo el país y porque tenemos un sentido federal” y, de mismo modo, enfatizó en las medidas que tomó el Gobierno Nacional en materia de DDHH: "Antes de la llegada de Néstor y Cristina en 2003 los Derechos Humanos no estaban en la agenda de ningún partido político, nadie bregaba por la anulación de los juicios que nosotros llevamos a cabo. Actualmente se está ingresando en un proceso de juicio a los cómplices civiles de la dictadura"