La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, asumirá entre el 2 y el 6 de de julio la dirección de la famosa oficina "Ojota", encargada de las escuchas telefónicas ordenadas por los jueces. La fiscal Graciela Caamaño fue elegida por Gils Carbó para ser la responsable de los pinchajes, bajo su tutela, según el Buenos Aires Herald.
La reforma de la ley de Inteligencia aprobada por el Congreso nacional promovió la creación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), removió de la órbita de ese organismo a la antigua Dirección de Observaciones Judiciales, conocida como "Ojota", y definió su traspaso al ámbito del ministerio público, como un órgano destinado a brindar apoyo a las investigaciones judiciales en toda medida vinculada a la interceptación de telecomunicaciones.
Desde entonces Gils Carbó ha tenido reuniones con expertos y organizaciones de derechos humanos para instruirse sobre cómo lidiar con esta oficina. La Procuradora General creó un comité conformado por el director de la Escuela Nacional de Inteligencia, Marcelo Saín; el ex ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires Léon Carlos Arslanián; el especialista en derecho procesal y reforma judicial Alberto Binder y el titular de la Oficina de Enlace Legislativo de la PGN, Félix Crous
Una de las preocupaciones es que Caamaño y Gils Carbó deberán trabajar, al menos por unas semanas, con agentes de los servicios de inteligencia que están instalados desde antes de la reforma de la Ley de Inteligencia.
Gils Carbó deberá reveer las recomendaciones del grupo de expertos que reunió y deberá decidir cómo incorporar nuevos integrantes a la oficina. La procuradora general quiere contratar civiles que usen sus verdaderos nombres y no tengan ninguna conexión con los servicios secretos.
Caamaño fue la fiscal responsable de la investigación del asesinato de Mariano Ferreyra, el militante del Partido Obrero que fue asesinado en 2010 durante unamanifestación de trabajadores tercerizados donde se exigía el pase a la planta permanente en la
Línea Roca.
Meses después del asesinato, el kirchnerismo creo el Ministerio de Seguridad, que fue designado a Nilda Garré, quien había estado al mando del Ministerio de Defensa durante el kirchnerismo. Eligió a Caamaño como su segunda. Luego del cambio de rol de Garré, Caamaño volvió a su trabajo de fiscal. También fue una de las defensoras más ávidas de la reforma del Código Procesal Penal, que le da un rol más importante a los fiscales en las investigaciones criminalísiticas.