15.03.2016 / Le entregaron un documentos con planteos

Vidal recibió planteos del CELS sobre violencia policial y déficit habitacional

Representantes del organismo se reunieron con la gobernadora para expresarle su preocupación por las políticas de seguridad y pidieron una reforma del sistema penitenciario. También, solicitaron que se adopten medidas destinadas al acceso a la vivienda.



El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) tuvo una reunión con la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal,  con el objetivo de acercarle un diagnóstico sobre los derechos humanos en la Provincia, haciendo hincapié en el acceso al hábitat digno y las políticas de salud mental, seguridad y cuestiones penitenciarias.

Del encuentro participaron Santiago Cantón, secretario de Derechos Humanos y Fabián Perechodnik, secretario general de Gobierno. También, estuvieron Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS, Paula Litvachky, directora del área de Justicia y Seguridad y Diego Morales, director del área de Litigio y Defensa Legal del mismo organismo.

A través de un comunicado, el CELS informó que la mandataria provincial compartió parte de las preocupaciones planteadas y se comprometió a discutir las medidas necesarias para resolverla.

Entre los principales requerimientos, el organismo recalcó la necesidad de aplicar una política de hábitat con enfoque de derechos que garantice la implementación de la Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat. También, que se faciliten los trámites para la regularización de los asentamientos informales y “que se revierta la política tributaria bonaerense que premia la especulación inmobiliaria”.

También, se advirtió sobre “el endurecimiento del discurso de la seguridad y la política criminal de la provincia”, que desembocó en un récord histórico de presos.  Asimismo, denunciaron los casos de mano dura. “El encarcelamiento se tomó como indicador de efectividad y el uso de la prisión preventiva, como medida anti impunidad”, denunciaron.

Es por eso que exigieron una “reforma profunda del sistema penitenciario y del SPB, caracterizado por la corrupción y la desprofesionalización, con un funcionamiento violento y militarizado”.

Por otra parte, alertaron que a más de cinco años de sanción de la  Ley Nacional de Salud Mental (LNSM “la principal política pública para las personas con padecimiento mental continúa siendo la internación prolongada”, por lo que pidieron “la sustitución del hospital psiquiátrico por dispositivos insertos en la comunidad y una política de prevención de las muertes en contexto de encierro”.

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