En diálogo exclusivo con Política Argentina
Jorge Gaggero, economista, experto en finanzas, política y administración tributaria;
Pablo Nemiña, sociólogo, investigador especialista en economía política y
Agustín D`Attellis, también economista, especializado en macroeconomía y mercados financieros, explicaron en que consiste este acuerdo, que el próximo miércoles se votará en el Congreso, y cuáles son las consecuencias en caso de su aprobación. Señalan las dificultades de la gestión anterior.
Después de las crisis de 2001 se llevaron adelante dos reestructuraciones de deuda, una en 2005 y otra en 2010, las cuales fueron aceptadas por el 93% de los acreedores. Sin embargo hubo una parte de los acreedores que no entraron en esta negociación y que a partir del fallo de Thomas Griesa se vieron beneficiados para reclamar el 100% del capital.
En este marco desde el Gobierno actual buscan resolver de manera “apresurada”, según indican los especialistas, el problema con estos acreedores.
“La consecuencia central es que queda abierto un nuevo ciclo de endeudamiento en Argentina. La solución que se propone, para esta parte marginal, abre otro nuevo ciclo y
es una consecuencia buscada por el Gobierno”, explicó Gaggero.
En esta línea Nemiña sostiene que el
“acuerdo sirve para avanzar en la resolución del conflicto con los fondos buitres y que esto va a favorecer la inserción en el mercado de capitales” aunque explica que
“no sirve para restablecer el sendero de desarrollo económico en las condiciones en que se está resolviendo”.
“No está claro que el nuevo endeudamiento vaya a ser utilizado con fines productivos”, indica el sociólogo.
Por su parte D´Attellis sostiene que este tema había que resolverlo pero no “con el apuro que marco el Ejecutivo”.
“Si bien es cierto que había que cerrar este frente, en una economía desendeudada como la nuestra. El problema es el para qué y la verdad es que no soy muy optimista”, dijo y añadió:
“Sobre todo teniendo en cuenta el armado que se está haciendo donde desarmaron todas las condiciones de controles a los mercados de capitales”.
“Esto es una armado estrictamente financiero y estos 12 mil millones de dólares son un pasa mano, aumentas el nivel de deuda y no tenes un dólar nuevo”, subraya.
Por otro lado los expertos señalan el problema que se puede presentar en caso de que aquellos que entraron a las primeras reestructuraciones quieran tener el mismo acuerdo que los fondos buitres:
“Nadie puede asegurar que los bonistas reestructurados no pidan mejores condiciones”, dijo Gaggero.
Respecto a los errores y dificultades de la anterior gestión para acordar con esta porción de acreedores tanto Gaggero, como Nemiña y D´Attellis coincidieron en que la negociación del gobierno anterior hay que dividirlo en dos etapas.
En este sentido Gaggero señaló que “durante todo el largo periodo de vigencia de la cláusula rufo, se hacía imposible". “En todo ese periodo no había posibilidad de atender a las barbaridades que pedían los fondos buitres. En el último año los buitres apostaron al cambio de Gobierno, de tal modo que le hacían imposible al gobierno anterior arribar a un acuerdo razonable”, explica y también agrega que “hay acusaciones de que financiaron a sectores del actual Gobierno”.
Por su parte D´Attellis subraya que
“había que montarse sobre la posición firme que mantenía Argentina en términos de negociación y no debilitarse e ir desde un discurso de que si no es esto, saltamos al abismo porque eso fortalece al acreedor”.
"Hubiera sido deseable profundizar la discusión en un marco bilateral, con esto se le da un premio exorbitante a esto fondos.
Es el mejor de los mundos para los buitres”, concluye Nemiña.
El problema no es la deuda en sí misma, sino el para qué. Si el endeudamiento se utiliza para restablecer la acumulación sobre bases financieras, sin producir transformaciones en el problema estructural de la restricción externa (escasez de divisa), hay riesgos de caer en nueva crisis de deuda, señalan los especialistas.