
Nilda Garré, diputada del FPV, presentó una propuesta que propone penas que van desde los seis meses hasta los dos años de prisión y multas desde 10 mil a 200 mil pesos para quien "públicamente negara, minimizara, justificara y/o aprobara cualquier forma de genocidio o crímenes contra la humanidad".
La legisladora presentó el proyecto de ley, tras la polémica generada a partir de las declaraciones del jefe de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, quien había dicho que durante el último golpe de Estado no hubo un "plan sistemático de desaparición de personas".
La propuesta contempla una condena de uno a cuatro años de cárcel y la "inhabilitación especial por el doble del tiempo" si el que comete el delito es un funcionario público.
"La Justicia argentina ha sido clara en cuanto a los alcances del terrorismo de Estado en nuestro país, definiendo a los hechos investigados en el marco Juicio a las Juntas, como un plan sistemático y ordenado", argumenta Garré en el escrito.
"En el último tiempo diversos funcionarios del gobierno han negado el alcance del terrorismo de estado y el daño que el mismo ha ocasionado en las víctimas", explica la referente del FPV, quien asegura que "resulta indispensable impedir que reinterpretaciones u opiniones contrarias a las definiciones judiciales ganen terreno".