
A dos meses de la desaparición de
Santiago Maldonado, el Gobierno continúa con la postura de que no hay pruebas que señalen a la
Gendarmería Nacional como la responsable y señala que la comunidad mapuche produjo "graves actos de violencia" contra los efectivos de esa Fuerza, pero que de las actas no surge "que se hubiera detenido a persona alguna".
Estos son algnos de los fragmentos del informe del Estado argentino que responde a las medidas cautelares de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos que odenan dar con Maldonado e investigar lo ocurrido. Según publicó hoy Página 12, en el informe,
el Gobierno manifiesta que "no existe por el momento ninguna constancia que corrobore el extremo relativo a que Santiago Maldonado hubiese sido privado de su libertad por agentes del Estado o grupos que actúen con su autorización, como requisito de la normativa internacional para declarar la existencia de una desaparición forzada”.
Las conclusiones enviadas a Washington señalan, además, que "
Gendarmería Nacional Argentina actuó en cumplimiento de una orden judicial liberando la ruta nacional 40 ante la comisión del delito previsto en el artículo 194 del Código Penal”, previsto para la interrupción del tránsito,
“que se encontraba interrumpido mediante la quema de cubiertas de automóvil, colocación de ramas de árbol y personas encapuchadas”. Sin embargo, el informe no hace mención a los testimonios de las testigos mapuches, detenidas al costado de la ruta 40 durante seis horas, período en el cual vieron a Pablo Nocetti, jefe de Gabinete del ministerio de Seguridad, en el operativo. Además, las testigos señalaron que el tránsito había sido cortado por Gendarmería y no por los manifestantes, pero esto se omitió en el texto.
El Gobierno explicó que “
a fojas 106 a 116 se desprende que durante la sustanciación de la manda judicial (de despejar la ruta) se produjeron graves actos de violencia contra los funcionarios de Gendarmería, no surgiendo de dicha acta que se hubiere detenido a persona alguna”. Además, agrega que
“del expediente no surge ninguna declaración testimonial que acredite la versión de los peticionantes relativa a que un “peñi” de la comunidad escondido entre los arbustos al otro lado del río pudo escuchar y observar que un funcionario de Gendarmería habría localizado a Maldonado y que luego éste, en conjunto con otros, habrían agredido y retirado al nombrado de ese lugar en una camioneta o en un Unimog”.
El informe, que lleva la firma de
Damián Arabia, jefe de la Dirección de Ejecución de Pruebas de Integridad del Ministerio de Seguridad, agrega que "e
l Estado Nacional y en especial el Ministerio de Seguridad, bajo las órdenes del juez de la causa, han agotado hasta el momento todas las medidas posibles en el interés de corroborar la veracidad de esta versión provista por los peticionantes sin que hasta el momento se encuentre ninguna prueba que confluya en esa vía”.
Finalmente, se agrega, desconociendo los testimonios mapuches ante la
Procuración de Violencia Institucional, que
“ninguna persona afirmó que Santiago Andrés Maldonado se encontraba en el predio en cuestión el día del procedimiento” del 1 de agosto, “como así tampoco que la Gendarmería hubiese procedido a la detención de persona alguna”, en el marco de tal operativo.