18.10.2017 / A la espera de respuestas
¿Quién es el perito que pidió la familia de Santiago Maldonado?
Pertenece al prestigioso Equipo de Antropología Forense y en su intachable currículum figuran ,entre otras cosas, encontrar los restos del "Che" Guevara en Bolivia y hallar la identidad de más de 150 desaparecidos por dictaduras y matanzas en Irak, ex Yugoslavia, Filipinas, Chile, Uruguay, Bolivia, Perú, Brasil, Colombia y Panamá. Sin embargo, el gobierno de Vidal lo despidió de un cargo que ocupaba en la provincia de Buenos Aires.
Tras conocerse la aparición de un cuerpo sin vida en el Río Chubut, la familia de Santiago Maldonado eligió como su perito para la autopsia a Alejandro Inchaurregui. El antropólogo cuenta con un intachable currículum, pero fue despedido por el gobierno de María Eugenia Vidal.
Inchaurregui cuenta en su historial con importantes resultados como encontrar los restos del "Che" Guevara en Bolivia y halar la identeidad de más de 150 desaparecidos por dictaduras y matanzas en Irak, ex Yugoslavia, Filipinas, Chile, Uruguay, Bolivia, Perú, Brasil, Colombia y Panamá. Hasta 2016 ocupaba el cargo de Director Provincial de Registro de Personas Desaparecidas del Ministerio de Seguridad, pero fue despedido por el ministro Cristian Ritondo.
En ese momento, Inchaurregui contó: "Hubo un embate de la Policía para que la Dirección Provincial, que depende de la Subsecretaría de Planificación, gestión y Evaluación a cargo del contador Patricio Lombilla, pasara a ser una dependencia más de la Policía bonaerense (como muchas otras). La coyuntura se zanjó cuando las autoridades de la gestión Ritondo advirtieron que, entre otras, la Dirección Provincial a mi cargo se ocupaba de otros temas además de registrar los desaparecidos, como búsqueda de identidad de origen, recompensas, registro de NN, etcétera. Fue precisamente el caso de una recompensa lo que generó un entredicho que sirvió de excusa al Ministro para que decidiera mi cese".
El caso fue el siguiente: El juez federal Sergio Gabriel Torres remitió el 12 de enero un oficio al ministro Ritondo señalando que un testigo de identidad reservada había aportado datos fehacientes que permitieron dar con el paradero de los prófugos Martín y Cristian Lanatta y Víctor Schillaci. La Unidad Ministro remitió a la Dirección Provincial el oficio ya caratulado como expediente, por lo que se le requirió a Torres que informara si se le había tomado declaración al testigo en los términos del art. 8, Decreto 2052/98 (es decir, si el testigo es o fue miembro de las Fuerzas Armadas o de seguridad, en cuyo caso no puede cobrar la recompensa) y otros detalles. Inchaurregui le hizo saber de este requerimiento al juez Torres el 3 de febrero y, ante la falta de respuesta, se lo reiteró el 10 de marzo y el 4 de abril. Sin embargo, el magistrado hizo silencio.
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