Empecemos por la definición:
el Índice de Riesgo País (IRP) es la diferencia entre la tasa de interés que pagan los bonos de deuda pública de Estados Unidos y la que pagan los bonos de la deuda pública externa de un “país emergente” con similar período de vencimiento. Se toma como referencia el interés que pagan los títulos de deuda norteamericanos porque se trata del único país emisor de divisas internacionales: los dólares.
En cambio, Argentina emite pesos que no son aceptados internacionalmente, motivo por el cual puede verse obligada a declarar la cesación de pagos en caso de no poder hacerse de divisas suficientes para cubrir sus vencimientos de deuda. En resumen:
el IRP es un indicador formulado por el mismo sector financiero para determinar cuál es el riesgo que corren los acreedores al momento de realizar préstamos a economías emergentes como la nuestra.
Esta semana el IRP superó los 1000 puntos: nuevo récord de la gestión Cambiemos. ¿Cómo llegamos a esta situación? El presidente
Mauricio Macri lo atribuyó a la
cercanía de las elecciones presidenciales y, por lo tanto, al
temor que tienen los mercados de que “la Argentina vuelva atrás” aludiendo a un posible triunfo de la fórmula Fernández - Fernández.
A pesar de que en economía efectivamente los ánimos y las conductas sociales tienen su área de influencia, hay elementos estructurales que nos llevan a este tipo de desenlaces y reconocerlos es fundamental para separar la paja del trigo.
Desde el inicio de la gestión del actual gobierno
se implementaron una serie de políticas orientadas a reducir la intervención estatal: se eliminaron los controles a los capitales especulativos; se eliminó la regulación cambiaria para la dolarización de activos y se abrió la cuenta comercial. A esto hay que sumarle el
préstamo que se pidió al Fondo Monetario Internacional (FMI) que, si bien no representa la totalidad de la deuda externa, incide sobre la realidad local al momento de imponer condicionalidades para nuestra economía y endeudarnos como pocas veces en la historia (entre 2020 y 2023 habrá que pagar $156.220 millones).
Cambiemos reorientó la economía a un esquema en donde los dólares que requiere el andar económico se obtienen principalmente de créditos externos. No se trata sólo de un problema financiero sobre el costo de esa deuda y los retornos de sus posibles usos. Se trata, en definitiva, de un problema político de disputa de poder: cuando el financiamiento de la economía depende del crédito externo, el diseño de las políticas públicas debe pasar por el filtro de la aprobación de los acreedores, so pena de un incremento del riesgo país.
A no hacerse los sorprendidos, el riesgo país no aumenta por magias y posibles triunfos de posibles listas (ni fueron las PASO y ya le atribuyen la suba de este indicador a la fórmula Fernández- Fernández). Que la deuda haya aumentado a niveles históricos, que la fuga de divisas siga siendo exponencial y que a su vez se dependan de créditos externos, no es gratuito.
* Socióloga, especialista en sociología económica
