Una vez más, una mentira de Cambiemos y la consecuente fake news de un medio de su órbita, como La Nación, fueron desmontados por datos objetivos:
un ex funcionario y el diario de los Mitre vendieron que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió la finalización de una ruta que había sido pagada a Lázaro Báez y abandonada por el empresario preso, pero la verdad es que los trabajos por los que se erogó dinero fueron realizados y que quien paralizó la conclusión de las tareas fue el gobierno de Mauricio Macri.
Hace dos días, La Nación publicó y tituló un artículo
"Cristina Kirchner pidió que Nación haga la ruta 9, por la que ya le pagaron a Lázaro Báez". Esa nota
ya no figura en la versión web del diario. Es decir, la bajaron.
Según el medio de la familia Mitre, la vicepresidenta transitó el miércoles pasado en camioneta 70 de los casi 200 kilómetros de la maltrecha ruta provincial 9 y, al regresar, pidió que el Estado nacional termine la obra. El artículo agregaba que se trata del camino que el Estado nacional ya le pagó a Austral Construcciones, la firma de Báez, por su enripiado unos $ 525 millones, cuando gobernaba el kirchnerismo, pero que el empresario la dejó inconclusa y en mal estado.
Es una de las obras realizadas en Santa Cruz que forman parte de la causa conocida como Vialidad, en la que CFK también se encuentra procesada junto con Báez y otros ex funcionarios de su gobierno.
¿Por qué La Nación bajó la nota? Porque su contenido era falso. La desmentida con los datos certeros se publicaron hoy en Página 12 y habían sido expuestos antes, durante su durísimo alegato en el juicio oral de la mencionada causa.
El artículo de Raúl Kollmann explica que
nunca existió tal contrato de pavimentación. En realidad,
lo licitado y pagado fue la construcción de una ruta de ripio que permitía ahorrar unos 500 kilómetros para visitar El Calafate y acceder a las grandes represas sobre el río Santa Cruz. Báez alcanzó a terminar el 95,99 % del trabajo, pero la administración de Macri decidió no terminarlo y abandonó el mantenimiento, cosa que llevó al total deterioro.
Por eso, el reclamo de CFK fue que, "como parte del costo de las represas y el pasivo ambiental que se produce, el consorcio constructor solvente la pavimentación de esa ruta clave, que une el Atlántico con la Cordillera".
La ruta 9, precisamente, no está entre las cinco obras auditadas en el juicio de la obra públlica, es decir que ni siquiera el tribunal consideró que hubiera demasiadas irregularidades, porque puso el acento en otras construcciones viales.
La realidad es que a diciembre de 2015, los trabajos estaban terminados -y certificados- casi al 100%, pero Javier Iguacel, el ex titular de Vialidad y actual intendente PRO de Capitán Sarmiento- canceló el contrato, como hizo con todas las obras que financiaba el organismo que encabezaba.
Según la auditoría hecha por tres ingenieros de Vialidad, lo que cobró Báez por la obra es lo que construyó. Luego llegó el abandono de Cambiemos, que sirvió para justificar la embestida contra Cristina. Así, la gestión PRO no sólo no terminó la obra sino que tampoco Vialidad financió su mantenimiento: la provincia de Alicia Kirchner tuvo que hacerse cargo en el marco del hostigamiento de la Casa Rosada y las penurias económicas.
A esto se sumó que la ruta 9 es el único acceso a las dos grandes represas de Santa Cruz, llamadas Cóndor Cliff y Barranqueras, según les cambió el nombre un decreto de Cambiemos, y Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, según las sigue llamando la provincia de Santa Cruz. De manera que el tránsito de camiones contribuyó al deterioro de la vía santacruceña.
En su momento, Cambiemos denunció la obra de la ruta 9 a través de quien fue su inspector Martín Leonardo Cergneux. El hombre, que trabajó en Vialidad Provincial, fue testigo de identidad reservada y lo llevaron a declarar ante los fiscales en plena feria judicial de enero de 2016. O sea, el funcionario inspeccionó durante el mandato de CFK, pero después se volvió a su provincia, Entre Ríos, y decidió denunciar durante el mandato de Macri. Obviamente el testimonio no se produjo con presencia de las partes y Cergneux explicó que hubo irregularidades que él mismo omitió denunciar en su momento. Por esa razón, terminó imputado.
Además, la auditoría ordenada por Iguacel en enero de 2016, con el objeto de apuntar contra la gestión kirchnerista, ni siquiera observó diferencias significativas. En concreto, la obra estaba terminada en un 95,99 por ciento, nunca se pagó por pavimentar nada, pero sí se hizo todo el trabajo a lo largo de 200 kilómetros de alcantarillas, enripiado y la base para que en algún momento se pavimente. Hasta entonces, la ruta 9 era un camino de tierra, casi intransitable en invierno por el barro. El plazo fue largo porque la construcción era un verdadero desafío por las condiciones climáticas adversas y el territorio inhóspito.
El gobierno nacional debe ahora decidir sobre la propuesta de CFK. La ruta sufre el deterioro porque es el único acceso a las grandes represas, pero se podría tomar el costo de la pavimentación como un resarcimiento del pasivo ambiental que produce la obra. La vicepresidenta sostuvo que lo que correspondería es que ese pasivo no se pague en dinero sino con la pavimentación. No sólo permitiría el tráfico de camiones a las represas sino también de turistas y un acceso mucho mejor y más directo a El Calafate, ahorrando unos 500 kilómetros de recorrido.
