El espionaje por fuera de la ley y para perseguir opositores entre diciembre de 2015 y el mismo mes de 2019 tiene cada vez más complicado a Mauricio Macri y sus principales ex funcionarios del áres.
El juez federal de Lomas de Zamora Pablo Auge procesó este miércoles a los ex directores de la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, por inteligencia ilegal sobre la ex presidenta y actual vicepresidenta Cristina Kirchner.
Además,
se les prohibió la salida de la Argentina. Esto último no es un detalle menor ya que, hace días, se conoció que Arribas envió a su familia a Brasil, donde vivían antes de la gestión de Cambiemos, y eso provocó versiones de que el propio "amigo más tramposo" de Macri tenía intenciones de fugarse.
Por otra parte,
el magistrado les impuso un embargo de $2 millones de pesos. También quedó procesado el ex jefe de Contraingeligencia,
Martín Coste, a quien se le impuso un embargo de $ 700 mil. Los procesamientos son sin prisión preventiva.
En Lomas de Zamora tramitan dos causas acumuladas: la investiga le inteligencia ilegal contra Cristina Kirchner en el Instituto Patria a mediados de 2018 y otra que indaga sobre el espionaje realizado sobre la entonces senadora, Horacio Rodríguez Larreta, periodistas, sindicalistas y políticos. En este caso Auge procesa a Arribas y Majdalani por el espionaje a la vicepresidenta.
A fines de julio, los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide solicitaron el procesamiento de los ex jefes de la AFI
durante el gobierno de Cambiemos que presidió Macri. Los representantes del Ministerio Público Fiscal, que tienen delegada la investigación, presentaron el dictamen ante el juez federal Auge, que hoy procedió en el mismo sentido.
Para los investigadores, los acusados violaron la ley de inteligencia al ordenar y realizar tareas de espionaje ilegal, pero además cometieron el delito de falsedad ideológica cuando intentaron ocultar las maniobras a través de la producción de documentos falsos, con el objetivo de darle apariencia de legalidad a su accionar.
En un extenso dictamen del que aún no trascendieron detalles, los fiscales sostuvieron que los documentos -tanto los producidos para los circuitos internos de la AFI, como los enviados al Congreso y a la justicia- fueron parte del intento de ocultar el espionaje ilegal.
