11.08.2020 / Judiciales

Fuerte revés para los jueces macristas que buscan atornillarse a la Cámara a pesar de sus traslados irregulares

La justicia Contencioso Administrativa rechazó la medida precautelar pedida por Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi contra la decisión del Consejo de la Magistratura que consideró irregular sus traslados a la Cámara Federal porteña. Ambos camaristas, funcionales al último gobierno, habían presentado un amparo para no volver al Tribunal Oral del que los habían movido en tiempos de Macri.




Duro revés al doble interés de Juntos por el Cambio de continuar con la persecución judicial a ex funcionarios kirchneristas fuera del poder y, a la vez, detener las investigaciones contra sus principales dirigentes, que tienen múltiples causas en su contra por corrupción y espionaje ilegal: el Juzgado Contencioso Administrativo 5 rechazó la medida precautelar pedida por los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi contra la decisión del Consejo de la Magistratura que consideró irregular sus traslados a la Cámara Federal porteña.

Ambos camaristas, funcionales al último gobierno, habían presentado un amparo para no volver al Tribunal Oral del que los habían movido en tiempos de Macri.

Hace una semana, la Magistratura rechazó los traslados irregulares de diez jueces federales que fueron realizados durante el gobierno anterior. Dos de esos camaristas, que forman parte del fuero federal porteño, son Bruglia y Bertuzzi, fundamentales para ratificar las decisiones de Claudio Bonadio, principalmente, y responsables de las confirmaciones de la mayoría de las famosas prisiones preventivas del macrismo.

Desde su llegada al poder en 2016, Macri armó su Cámara Federal porteña, a sabiendas de que era central para perseguir a la entonces oposición. Tras la salida veloz y bajo presión de Norberto Oyarbide, que había procesado al ex jefe de gobierno porteño por espionaje ilegal, le siguieron la de los camaristas que confirmaron esa sentencia: Jorge Ballestero, Eduardo Farah y Eduardo Freiler.



A Freiler lo destituyeron en el Consejo de la Magistratura en noviembre de 2017. Sobre Farah y Ballestero tronó el escarmiento presidencial cuando liberaron al empresario Cristóbal López. Macri dijo en una entrevista que estaba "indigado" con el fallo y pronto ambos jueces debieron dejar su lugar en la Cámara. El primer fue trasladado a un Tribunal Oral en lo Penal Económico, el segundo se pidió licencia y luego tramitó su jubilación.

Con las vacantes que consiguió en la Cámara federal, Macri trajo nuevos jueces, pero no por la vía de la designación por el Congreso sino mediante traslados de otros juzgados. Así llegaron esos jueces de la era Macri: sin acuerdo del Senado. Entre ellos, estaban Bruglía y Bertuzzi, que arribaron a sus puestos estratégicos en 2018. Entre los fallos que firmaron, está el de sostener que al fiscal Alberto Nisman lo mataron sin dar precisiones de quiénes ni de cómo y una serie de medidas en las distintas causas contra Cristina Fernández de Kirchner.

Apenas el Consejo de la Magistratura comenzó a revistar la forma irregular en que ocuparon el cargo, el PRO se abroqueló para que no los remuevan. 

A dos de los camaristas que están en la mira tampoco les gustó la novedad y están dispuestos a resistir atornillados a sus sillas. De hecho, presentaron un amparo para que los Poderes Ejecutivo y Legislativo no puedan revisar su traslado. Bruglia y Bertuzzi pidieron en su amparo que se declare la "inconstitucionalidad y nulidad de la Resolución 183/2020 del Plenario del Consejo de la Magistratura" del 30 de julio. "Mediante dicho acto, la demandada decidió por mayoría de 7 votos contra 6 votos, y en flagrante violación a las garantías constitucionales de legalidad, división de poderes e inamovilidad en el cargo del cual gozan los jueces", aseguraron los magistrados, que reclamaron una cautelar que ordene al Poder Ejecutivo y al Senado no iniciar ninguna revisión de lo actuado en tiempos de Macri y su mesa judicial.

Afirmaron que la "remisión al Poder Ejecutivo y el Senado de la Nación es el resultado de una decisión ilegítima de la demandada, importa la revisión de actos administrativos consentidos y firmes y vulnera las garantías constitucionales que nos asisten como magistrados federales". Señalaron que hay una acordada de la Corte Suprema que los ampara y que establece que sus traslados no deben ser revisados por el Congreso. La presentación recayó en el juzgado en lo contencioso administrativo de María Biotti.


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