La estrategia judicial de
Mauricio Macri para defenderse en las múltiples causas en que se busca la verdad acerca del
espionaje ilegal y los aprietes a jueces, fiscales y opositores durante su gestión puede resultarle efectiva en cuanto a retrasar los avances, pero no lo está dejando bien parado en la política:
en el marco del expediente en que se investigan las presiones contra los directivos del Grupo Indalo por la línea editorial de C5N, la jueza federal María Romilda Servini volvió a rechazar un planteo de la defensa del ex presidente para frenar el entrecruzamiento de llamadas entre el ex mandatario e integrantes de su famosa "mesa judicial", y, además, acusó a su abogado de maltrato y de "exceder el trato y decoro para el ejercicio de su profesión".
La jueza remitió copias de la última presentación realizada por
Pablo Lanusse, defensor de Macri en este expediente, al Colegio Público de Abogado de la Capital Federal para que se evalúe su conducta y ese organismo pueda evaluar el tono de sus manifestaciones, dado que el letrado acusó a la jueza de “inclinar la cancha” a favor de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Servini argumentó que
"las expresiones y descalificativos vertidos por el Dr. Pablo Jorge Lanusse no pueden pasar inadvertidos porque agravian la Magistratura", más allá que
"uno pueda coincidir o no con las decisiones adoptadas en los procesos judiciales", porque para eso "tiene acceso a las herramientas procesales".
La jueza citó como ejemplo de ese proceder que el letrado haya cuestionado
"la fecha y hora en que se implanta una firma electrónica – que no incide en la habilitación de día y hora inhábil"- y que haya dicho que "las resoluciones o decisiones le causan náuseas y que resultan funcionales, acomodaticias y motivadas a/en los intereses de personas ajenas al expediente".
Dio como ejemplo del bajo nivel técnico de Lanusse que haya copiado publicaciones que hiciera "la actual Vicepresidenta de la Nación en la red social Twitter" que, dijo, "nada tiene que ver con la causa" y "exceden el trato y decoro que todo letrado debe guardar durante el ejercicio de su profesión".
La presentación referida de la defensa de Macri fue una apelación contra la decisión de la jueza de ordenar reanudar el entrecruzamiento de llamadas del ex presidente y personas de su entorno, entre enero de 2016 y agosto de 2019, tras considerar que aún no está firme el fallo de la Cámara Federal porteña que le indicó acotar el alcance de la medida.
Al responder el planteo,
Servini explicó que en su decisión no existe ninguna situación de “desobediencia”, dado que la Cámara federal porteña, en tanto tribunal superior, “no emitió orden alguna, sino que encomendó un curso de acción en relación a la diligencia probatoria”.
“A poco que se repasa el fallo, los Sres. Jueces no sólo reconocieron el carácter discrecional de la medida de prueba dispuesta el 06 de julio de 2020, además validaron su utilidad y pertinencia a los fines del proceso, eso sí, limitaron su período temporal, aunque no de una manera precisa, sino sólo señalando que debería circunscribirse a los ´momentos relevantes según la hipótesis fijada en el caso´”, enfatizó la jueza en el fallo, según Télam.
En relación a las acusaciones de la defensa de Macri, que sostuvo que la jueza actuaba en favor de los intereses del abogado Carlos Beraldi –representante del empresario Fabián De Sousa y de la ex presidenta, en otras causas-, Servini sostuvo que en el “expediente se encuentra asegurada la igualdad” ya que “todas tuvieron (tienen y tendrán) garantizadas las mismas facultades para influir sobre la reconstrucción fáctica”.
Sobre la medida reanudada, la magistrada remarcó que “nadie ha divulgado información que pueda considerarse privada, más aun, los registros de comunicaciones son registros que existen en poder de empresas privadas y que por lo tanto tienen un grado de publicidad relativa ciertamente inconsistente con el reclamado secreto de Estado que parece introducirse de las expresiones de las partes”.
Finalmente, la magistrada sostuvo que “los recursos de apelación se encuentran dirigidos contra una decisión inapelable y tampoco se observa la existencia de un ´gravamen irreparable´”, por lo cual decidió no concederlos “en tanto son una reedición más grandilocuente de los planteos ya resueltos por la suscripta y por la Cámara de Apelaciones”.
Servini había ordenado la prueba, por primera vez, el 6 de julio pasado cuando dispuso un entrecruzamiento de llamados entre Macri, el abogado Fabián Rodríguez Simón, el ex jefe de asesores de la presidencia José Torello y los extitulares de la AFIP Alberto Abad y Leandro Cuccioli, entre otros, para establecer si se comunicaron en las fechas en que los denunciantes Fabián De Sousa y Cristóbal López afirmaron haber recibido presiones o advertencias de dictado de medidas contra el Grupo Indalo.
