22.08.2020 / Política y medios

El Gobierno declaró servicios públicos a TV, Internet y celulares y el macrismo y Clarín se enfurecieron

El Ejecutivo publicó el DNU que declara a la telefonía celular y fija, las prestaciones de Internet y a la TV paga como servicios públicos. Congela los precios hasta diciembre e implica la necesidad de autorización para cualquier aumento. La oposición núcleo duro, en contra, al igual que el Grupo Clarín -y otros medios-, con mucho que perder.




El gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner dio ayer un paso fundamental con el objetivo de desandar una parte del camino perjudicial que tomó la gestión de Juntos por el Cambio para con el derecho a la comunicación de la ciudadanía, más con los efectos de la pandemia encima: declaró, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), "servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia" a la telefonía celular y fija, internet y la televisión paga, al tiempo que suspendió "cualquier aumento de precios o modificación de los mismos" hasta el 31 de diciembre y determinó que cualquier tipo de incremento en esas tarifas deba ser autorizado por el Poder Ejecutivo.

La medida fue adelantada por el Presidente más temprano a través de Twitter y fue dispuesta mediante un DNU, que publicado hoy en el Boletín Oficial.



En los considerandos la disposición remarca el daño que hizo la gestión de Mauricio Macri: "Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 267/2015 se derogó gran parte del andamiaje legalmente establecido en materia de servicios de comunicación audiovisual y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación".

Y subraya que esa decisión se tomó "abandonándose la idea del acceso a estos últimos como un derecho humano, dejándolos librados a ley de la oferta y demanda como una simple mercancía, contrariamente a lo previsto en la Constitución Nacional".

En ese marco, se recuerda que la Carta Magna "en su artículo 42 establece el deber de las autoridades de proveer a la protección de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados así como a la calidad y eficiencia de los servicios públicos".

Asimismo, se destaca "que el derecho humano al acceso a las TIC y a la comunicación por cualquiera de sus plataformas requiere de la fijación de reglas por parte del Estado para garantizar el acceso equitativo, justo y a precios razonables".

Por lo tanto, añade, "es necesario recuperar los instrumentos normativos que permitan garantizar para la totalidad de los y las habitantes de la Nación el acceso" a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), estableciendo además planes accesibles e inclusivos que garanticen una prestación básica universal obligatoria".

Por otra parte, el Poder Ejecutivo justificó la decisión de extender el congelamiento de los aumentos de los servicios a raíz de la emergencia pública en materia sanitaria por la pandemia de coronavirus. "La situación de emergencia sanitaria que se está atravesando en el marco de la pandemia de COVID-19 y la consecuente disminución de la circulación de personas para mitigar los contagios configuran una situación de urgencia que impone la necesidad de otorgar una inmediata protección de estos derechos", subraya el DNU.

Y remarca que "en efecto, en este contexto, cobra mayor relevancia aún el acceso a las TIC y a las redes de telecomunicaciones tanto para las empresas como para los y las habitantes de nuestro país".

En su articulado, el DNU ordena incorporar como artículo 15 de la Ley de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones N° 27.078, el siguiente texto: "Se establece que los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios y licenciatarias de servicios TIC son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia. La autoridad de aplicación garantizará su efectiva disponibilidad".

Luego, sustituye el artículo 48 de la mencionada ley por el siguiente: "Los licenciatarios y las licenciatarias de los servicios de las Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, deberán cubrir los costos de la explotación, tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación".

Y añade: "Los precios de los servicios públicos esenciales y estratégicos de las TIC en competencia, los de los prestados en función del Servicio Universal y los de aquellos que determine la autoridad de aplicación por razones de interés público, serán regulados por esta. La autoridad de aplicación establecerá en la reglamentación la prestación básica universal obligatoria que deberá ser brindada en condiciones de igualdad".

Asimismo, el artículo 3° agrega como segundo párrafo del artículo 54 de la Ley N° 27.078, el siguiente texto: "Incorpórase como servicio público, al servicio de telefonía móvil en todas sus modalidades. Los precios de estos servicios serán regulados por la autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación establecerá en la reglamentación la prestación básica universal obligatoria que deberá ser brindada en condiciones de igualdad".

En el artículo 4°, en tanto, se ordena: "Suspéndese, en el marco de la emergencia ampliada por el Decreto N° 260/20, cualquier aumento de precios o modificación de los mismos, establecidos o anunciados desde el 31 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2020 por los licenciatarios TIC, incluyendo los servicios de radiodifusión por suscripción mediante vinculo físico o radioeléctrico y los correspondientes al servicio de telefonía fija o móvil, en cualquiera de sus modalidades. Esta suspensión se aplicará a los servicios de televisión satelital por suscripción".

Sobre el final, el artículo 5° dispone que "las prestadoras deberán dar adecuada publicidad a lo dispuesto en el presente decreto respecto de los servicios a su cargo", y el artículo 6° designa como Autoridad de Aplicación del presente decreto al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom)".


LA OPOSICIÓN MACRISTA Y CLARÍN, EN CONTRA

Como ante cualquier cosa que haga el Gobierno, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, fue la primera en salir a pegar, con una curiosa defensa del Grupo Clarín que expuso bastante su posición abusiva.

“No se trata de una política pública errónea, sino de una visión que tiene Cristina Fernández de Kirchner, respaldada en el modelo venezolano. Esa visión ahora también es compartida por Alberto Fernández”, concluyó la ex ministra de Seguridad una catarata de tuits que marcaron la ignición de una seguidilla de repudios en las redes por parte del ala dura de la oposición.

Antes, evaluó: "Acá lo que hay es un gobierno que hace proselitismo, con el discurso de la equidad y la igualdad, socava la dignidad de los ciudadanos. Más planes baratos, menos competencia, menos inversión y como resultado, una mayor brecha en la sociedad".



El punto más interesante de su discurso es su defensa de Clarín, que en realidad terminó exponiendo al conglomerado empresarial que conduce Héctor Magnetto: "El gobierno nacional encontró una ventana por la cual meterse con el grupo Clarín, quien tiene una posición mayoritaria en el servicio de TV por cable e Internet, y que además ahora opera con celulares a través de la fusión con Personal".

Curiosamente, otro que saltó es Federico Pinedo, a quien hace días pareció dirigirse Bullrich como "tibio". “`Servicio Público´ en derecho significa servicios de titularidad estatal. Es un grave error de concepto pretender que eso puede ser el acceso a Internet y las tecnologías de la comunicación, que se prestan privadamente y en competencia", tuiteó el ex presidente provisional del Senado, por lo que luego recibió críticas y burlas, ya que mezcla conceptos diferentes, que conllevan consecuencias distintas, como los de "servicio público", "servicio de interés público" y "estatización".

Se sumaron el diputado nacional del PRO Luciano Laspina, que sostuvo que habría "control de la Justicia (con la ley de Reforma Judicial) y control de los medios de comunicación (con el DNU)", por lo que es "muy duro lo que viene en Argentina”; Silvana Giudici, que encabezó el EnaCom en la era Macri, que dijo que la medida “va a contramano de los países que más han crecido y desarrollado al sector TIC fomentando la inversión y la competencia”; y por el radicalismo amarillo apareció Oscar Aguad, que increíblemente fue ministor de Comunicaciones, quien se preguntó: “Teniendo en cuenta la magnitud de la desinversión que sufre el país, está medida ¿atrae o ahuyenta inversiones?”.



Clarín, con Magnetto, a la cabeza, se enfureció fácilmente, y mandó a Alejandro Alfie a escribir que "en el sector de las telcos critican el congelamiento: dicen que afectará las inversiones y la calidad del servicio"

Con consultas a Movistar, Claro y Personal oficializadas, parece ser que también se autoconsultaron: "Fuentes de la industria afirmaron a Clarín que esto va a contramano de lo que ocurre a nivel mundial, donde en general los gobiernos fomentan la competencia entre múltiples prestadores nacionales e internacionales, de diferentes tamaños y con fuerte participación de pymes y cooperativas".

Tiene mucho sentido notar el modo en que la noticia es presentada por medios cuya propiedad es de empresas que también ofrecen los servicios involucrados en el DNU: Clarín, en distintas notas, alcanza a nombrar un total de siete empresas del sector telecomunicaciones alcanzadas por el decreto, de las cuales tres son suyas.

Según publicó Ari Lijalad en El Destape, hay intereses económicos en juego, como suele pasar, que arman la postura de Magnetto. Es que la totalidad del Grupo involucra finanzas de Cablevisión Holding y allí los socios nucleados son Personal, Telecom, Fibertel y Cablevisión. La regulación y el control para que no se determinen tarifas abusivas puede dañar la  elevada rentabilidad extraordinaria de esas compañías. 

El conglomerado que conduce Magnetto tiene dos grandes socios insignia, que son Cablevisión Holding -con las empresas de telecomunicaciones en su interior-, y Grupo Clarín -donde se mueven los medios-.

Según la misma publicación, en el primer trimestre del año Cablevisión Holding facturó $62.762 millones y reportó ganancias por 2.774 millones. En el mismo período, el Grupo Clarín facturó 5.116 millones, pero perdió $627 millones. El año pasado, Cablevisión Holding oficializó ingresos por 237.024 millones de pesos y Grupo Clarín por 25.429 millones.

Conclusión: Cablevisión Holding, la firma involucrada en el DNU que Alberto Fernández firmó, factura 10 veces más y da ganancias que el Grupo Clarín, desde el que expresó su furia Magnetto.