Aunque los medios nacionales hegemónicos, principalmente los de TV, no lo cubren, el escándalo por la privatización de la vacunación en la Ciudad y la inoculación incluso en una unidad básica de la UCR no para de escalar:
Amnistía Internacional criticó duramente el hecho y realizó un pedido de información al Ministerio de Salud porteño, a cargo de Fernán Quirós, a fin de "conocer mayores detalles sobre la asignación de dosis de vacunas contra el coronavirus a entidades privadas de salud".
El pedido de la organización internacional de DDHH llega tras la denuncia penal presentada ante la justicia para que se investigue una supuesta "privatización" del sistema vacunatorio en el distrito, que por ahora mereció que hasta el fiscal procesado por espionaje ilegal Carlos Stornelli impute a Horacio Rodríguez Larreta y a Quirós.
"La igualdad y no discriminación deben ser el eje de toda respuesta a la pandemia", explicó la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina,
Mariela Belski, en un comunicado, en el que remarcó que
"la situación económica de las personas no debe constituir nunca un obstáculo para acceder a la vacuna contra el Covid-19".
Por este motivo, consignó que "Amnistía Internacional requirió mayor información a las autoridades porteñas, para monitorear el cumplimiento de los estándares de derechos humanos que imponen que los recursos sanitarios para enfrentar al Covid-19 sean accesibles, equitativos, inclusivos y no discriminatorios".
La organización enfatizó además que "los Estados deben garantizar el acceso a la inmunización sin discriminación y en condiciones de igualdad para toda la sociedad".
"En la Argentina y el mundo, Amnistía Internacional viene señalando las obligaciones de derechos humanos de los Estados en relación con el diagnóstico, tratamiento y vacuna del Covid-19 a efectos de garantizar un acceso equitativo y sin discriminación a todas las personas, independientemente de su quiénes sean o cuánto puedan pagar", recordó la ONG.
En el mismo sentido, insistió con que "la pandemia tuvo un impacto desproporcionado en personas y comunidades que fueron históricamente marginadas y discriminadas".
"Los planes de vacunación deben incorporar perspectiva de derechos humanos para garantizar que las personas más necesitadas de la vacuna no vean limitado su acceso a ella", alertó Belski.
Amnistía Internacional solicitó información "a las autoridades de la ciudad de Buenos Aires sobre los convenios firmados con las entidades de la salud privada para la implementación de la vacunación contra Covid-19", así como "detalles sobre la cantidad de dosis recibidas por la jurisdicción y cuántas fueron distribuidas a cada centro de salud".
En ese sentido, se pidió detalles sobre "los criterios para la asignación (de dosis de vacunas) a establecimientos públicos y privados".
Por otra parte, se requirió precisiones "sobre el sistema de turnos para la vacunación contra el Covid-19 tanto el sistema público como privado de salud, indicando quiénes acceden a ella, a través de qué plataformas y cuáles son los criterios para la asignación de las dosis a cada persona".
Finalmente, se pidió información sobre la existencia de un "mecanismo de control y fiscalización para monitorear la implementación del Plan Estratégico de Vacunación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
