La fiscal ante la Cámara de Apelaciones de la Ciudad, Karina Cichero, resolvió a favor del pedido de dos organizaciones no gubernamentales para mantener las escuelas abiertas este lunes pese al decreto del Gobierno Nacional que prohíbe el dictado de clases presenciales en la Capital.
Los amparos habían sido presentados por un grupo de docentes nucleados en la
ONG Abramos las Escuelas y el espacio
Centro de Estudios de Políticas Públicas. Ambas organizaciones interpusieron dos amparos donde pidieron la nulidad de los alcances del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Alberto Fernández, respecto a la suspensión por 15 días de las clases presenciales, al considerar que era fundamental priorizarlas.
Inicialmente el reclamo fue a parar al despacho del juez del fuero contencioso administrativo
Marcelo Segón, quien pidió que todo sea enviado a su par
Romina Tesone, que el viernes por la noche se declaró incompetente para resolver frente al amparo presentado por las
Defensorías Oficiales en representación de los padres. Allí rechazó in limine el amparo.
En el fallo de la jueza Tesone, había expresado que
“el propio Poder Ejecutivo” porteño recurrió a la
Corte Suprema porque entendió que la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad
“no es competente” para resolver la cuestión de fondo. Y había señalado que la Procuradora Fiscal ante la Corte, Laura Monti, dictaminó ayer que el máximo tribunal es competente para resolver la disputa entre el
Gobierno Porteño y el
Gobierno Nacional.
Esto se suma a que ayer por la tarde se concentraron en el Obelisco y la Quinta de Olivos grupos opositores al gobierno nacional para participar de una protesta contra las nuevas medidas adoptadas ante el rebrote de la pandemia de Covid-19 y particularmente contra la suspensión de clases presenciales. La manifestación fue convocada a través de las redes sociales bajo las consignas
#17A y
“Todos a las calles”.
CORTE SUPREMA
En tanto el amparo pedido por
Horacio Rodríguez Larreta ante la
Corte Suprema para frenar el decreto de necesidad y urgencia impulsado por el Presidente Alberto Fernández para aplicar las medidas de control y cuidado contra el avance del coronavirus fue girado a la Procuración General de la Nación, que dictaminó que sí es competente para intervenir en la causa.
El máximo tribunal del país no le pidió opinión sobre la medida cautelar, sino para abrir la posibilidad de intervenir y así lo confirmó la Procuración, a cargo interinamente del macrista
Eduardo Casal. Si bien el organismo no tenía plazos para emitir su dictamen, lo hizo en tiempo récord: solo tardó unas horas.
TRAS LA REUNIÓN
Esta semana, el presidente
Alberto Fernández aseguró que “desde que volvieron las clases, la curva de contagios ascendió precipitadamente”.
“Una reunión que se extendió por más de una hora y él planteó sus preocupaciones, sus miradas sobre el presente y también pudo escuchar la mirada que yo tengo y las razones por las que tomamos las razones que tomamos”, sostuvo el mandatario en conferencia de prensa.
Tras reunirse con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el presidente contó que le explicó
“algo que francamente siento y que es que todos queremos que se vuelva a la presencialidad educativa rápidamente. Los datos científicos muestran que los contagios no se dan en los colegios, pero que detrás de la presencialidad se genera un movimiento social que hace que aumente la movilidad ciudadana”.
También señaló que en el distrito se superó “largamente el pico” que se había registrado en 2020 y advirtió el aumento del número de muertes por coronavirus.
“Sólo reduciendo la circulación y el contacto humano podemos contener el número de contagios. Es evidente que tenemos un nivel de saturación de camas en la Ciudad realmente preocupante”, destacó.
