01.07.2021 / Crece el escándalo

Investigan a diputados PRO que le sacaban el sueldo a empleados: piden informes a Massa y empresas telefónicas

El fiscal impulsó y pidió medidas de prueba por la denuncia a Asseff, Regidor y Jetter, los legisladores de JXC que exigían parte de sus salarios a sus asesores y empleados. Le solicitó toda la información disponible al presidente de Diputados y datos a empresas de telefonía móvil.




Se complica un caso que podría derivar en un verdadero escándalo en Juntos por el Cambio a poco del cierre de listas y la campaña electoral 2021: el fiscal federal Ramiro González impulsó y pidió varias medidas de prueba en la denuncia a tres diputados del PRO que, según audios de WhatsApp, mensajes y testimonios, le exigían y quitaban hasta la mitad de sus sueldos a sus asesores y empleados.

Según un dictamen al que tuvo acceso Télam, el funcionario judicial abrió una investigación contra los denunciados: el diputado nacional Alberto Asseff - que en 2019 le sacó su sello partidario a José Luis Espert para dárselo a Miguel Ángel Pichetto a cambio de un lugar en la lista de JXC - y sus pares Estela Regidor e Ingrid Jetter.

Para avanzar en la investigación, en primer lugar el fiscal González, según consta en el documento, remitió un oficio al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para que le entregue "la nómina total de personas que fueron contratadas, bajo cualquier modalidad y/o cargo" por los tres denunciados. Así busca corroborar que los denunciantes efectivamente, como se sabe, trabajaban para los denunciados.

"Por otra parte, solicítese que se informe desde qué fecha asumieron sus cargos el diputado y las diputadas y hasta qué período se desempeñaron y/o se desempeñarán en ese cuerpo legislativo, debiéndose acompañar copia del correspondiente acto administrativo que dé cuenta de ello", también le pidió al titular de la Cámara baja y dirigente del Frente de Todos.

Además, el fiscal requirió se informe a su fiscalía "todos los datos personales de los miembros de ese cuerpo legislativo, en particular del número de sus teléfonos móviles personales y, si tuvieran, de los funcionales". De esa manera, busca confirmar que los intercambios de WhatsApp, que en el caso de Regidor incluyen audios concluyentes, pertenecen a los denunciantes y denunciados.

En otra medida de prueba, el fiscal también pidió a empresas de telefonía móvil un informe sobre titularidad de líneas telefónicas de dos de los supuestos afectados por los reclamos indebidos de parte del salario, Daniel Vico y María Cappa.

La denuncia fue presentada por el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten y quedó sorteada en el juzgado federal de María Servini, quien delegó la pesquisa en la fiscalía a cargo de González. 

La presentación se basa en publicaciones periodísticas que dieron cuenta de supuestos reclamos de parte de los salarios o "dádivas" pedidas a cambio de nombramientos. 

El abogado denuncia “la existencia de una organización que se dedicaría a cometer este delito, pues para llevarlo adelante se verificaría la existencia de más de tres personas que han formado un gran grupo (posiblemente hasta inscriptos como partido político)”.

Además de asociación ilícita, habría un posible pago de dinero a cambio de otorgar “contratos”, cuyos orígenes en definitiva son públicos, salidos del erario estatal, lo que constituiría la comisión del delito de fraude contra la administración pública.


CÓMO LE SACABA LA PLATA A SUS EMPLEADOS CADA DIPUTADO

Asseff: el diputado PRO, según la denuncia, habría usado su posición dentro de los estamentos del Estado Nacional para propiciarse un lucro indebido, producto de dádivas exigidas a cambio de “puestos” para su grupo de asesores en la estructura de la Cámara de Diputados.

Según notas periodísticas, Daniel Vico, quien ostentaba el cargo de “Jefe de Despacho” de Asseff, habría renunciado a su cargo denunciando “presión” para que los empleados parlamentarios le den parte del salario al diputado.

Vico habría renunciado a su cargo por negarse a pagarle al Diputado –en negro- el 20% de sus haberes como asesor, a cambio de preservar su trabajo. Pero a su vez Asseff también denunció a Vico por extorsión y explicó que bajo maniobras de chantaje fue obligado a nombrarlo en la Cámara de Diputados.

En la denuncia contra Asseff se reproducen los mensajes de “Whatsapp” entre Vico y Asseff, donde este último lo intima a realizar los pagos y, descaradamente, le pide que le informe cuánto cobró de aguinaldo el empleado.

Regidor: en este caso, distintos medios periodísticos dieron a conocer que en una serie de audios se escucha a la diputada ordenándole a sus asesores que solo cobrarán la mitad del salario y deben entregar la otra parte.

Esa mitad le será entregada a alguien directamente bajo amenaza de rescindir contrato a quien no esté de acuerdo. “Van a cobrar 40.000 pesos cada uno, el resto es reintegro", sostiene Regidor, quien no los desmintió y esgrimió manipulaciones y que se trata de una práctica común.

En los audios difundidos, se escucha presuntamente a la diputada: "Yo sé vos me dirás que tu familia y demás, pero yo también tengo familia y he dejado de ganar y de ahorrar. Yo sé que otros diputados también se lo quedan, no hacen las donaciones que yo hago, ni contratan en negro como yo contrato. Tengo gente a la que le doy una ayuda económica en negro".

“Vos tenés que tener un sobre de cada uno, tenés que hacer el recuento y yo te voy a decir cada mes a quién se lo tenés que llevar y entregar. Vos te encargás de ellos y yo me encargo de lo mío. Lo mío es mío. Tu recibo en mano dice 80, en un sobre pones 40 y 40 te lo quedas", manifestó la diputada en la conversación con sus asesores.

Jetter: en este caso, la presentación consigna que María Andrea Cappa, quien habría sido empleada de la legisladora PRO, la denunció en público por obligarla a entregarle a personas que ella le iba indicando parte de su salario todos los meses. Cappa que pasó a ser ex asesora de Jetter expuso los chats de WhatsApp en los que la diputada la amenaza con que "el que no lo hace, se va".

Cappa fue asesora de Jetter durante todo el año pasado e integró la planta transitoria de empleados de la Cámara baja, en el Congreso nacional. Pero su vínculo laboral con la diputada que fue electa en diciembre de 2019 existía desde el 2016. Durante 2020, las sumas mensuales que se acreditaron en la cuenta sueldo de Cappa oscilaron entre los 70 y 85 mil pesos, pero la diputada le dijo a su asesora que debía “dirigir” una parte de su salario a distintas personas que ella le ordenara. Así Cappa debía resignar unos 25 mil pesos por mes (de un sueldo entre 70 y 85 mil) que era obligada a "devolver" a distintas personas. Lo cierto es que al finalizar el 2020, Cappa fue desvinculada de la Cámara de Diputados.