Ayer se había revelado que
la Agencia Federal de Inteligencia que comandaba Gustavo Arribas
tenía en su poder
más de 100 comunicaciones entre los presos del penal bonaerense y sus abogados y hoy se sumaron 220 nuevas en las que se encuentran exfuncionarios kirchneristas, empresarios y algunos detenidos por otras causas, incluido narcotráfico, un hecho que está prohibido por la ley de inteligencia y vulnera toda clase de garantías procesales en el marco de la confidencialidad entre clientes y abogados.
En este sentido se deja a entrever que las estrategias de defensa en causas penales pudieron ser escuchadas en tiempo real por los espías y ser utilizadas con fines políticos y judiciales.
La mayoría de los detenidos se encontraban con prisión preventiva, eran parte del programa penitenciario de Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad y formaban parte de alguna de las causas como “Cuadernos”, “Gas Natural Licuado”, “Oil Combustibles”, “La Ruta del dinero” y “Río Turbio”, entre otras,
Luego de conocerse la noticia, el viceministro de Justicia de la Nación,
Juan Martín Mena, se expresó ayer e indicó que de la vulneración por parte de los agentes
"pueden desprenderse responsabilidades judiciales muy grandes" ya que se han violentados garantías constitucionales.
La Corte Suprema ya se había referido a estos hechos en una Acordada en junio de 2019, cuatro meses después de las fechas que registran los diálogos interceptados por la AFI y
advirtió en su momento que seguían con preocupación los acontecimientos vinculados a la difusión de las escuchas "cuya interceptación y captación solo puede ser dispuesta por orden judicial en el marco de procesos penales en curso”.
