El falso abogado
Marcelo Sebastián D’Alessio está más cerca de afrontar su segundo juicio oral. Sin embargo, en esta ocasión podría sentarse junto a él
Carlos Stornelli, fiscal federal de los tribunales de
Comodoro Py. Es que en los últimos días, los querellantes le pidieron al juez
Martín Bava, que subroga en Dolores, que los eleve a juicio por la organización criminal dedicada al espionaje que se investiga en esa jurisdicción. El martes además, el juez Bava le corrió vista al fiscal
Juan Pablo Curi para que opine si el primer tramo de la investigación que destapó cómo servicios, operadores, integrantes de fuerzas de seguridad e incluso magistrados usaban causas judiciales a su antojo durante la gestión de Cambiemos está lista para ser ventilada ante un tribunal oral.
La
Unidad de Información Financiera (UIF) requirió ante el juez federal de Dolores, Dr. Martín Bava, elevar parcialmente a juicio oral la causa que investiga a D'Alessio, Stornelli y otros por los delitos de asociación ilícita y extorsión. A raíz de la pericia realizada sobre el teléfono de Marcelo D´alessio, se conocieron las conversaciones que este mantuvo mediante Whatsapp con el “Grupo Buenos Aires”. Allí, sus integrantes planificaban operaciones bancarias internacionales por cifras multimillonarias, simulando operaciones de contratos de inversiones para legitimar dinero de origen ilícito.
En el escrito presentado por el Organismo antilavado hoy, a primera hora, se describe que las conversaciones en aquel grupo tendían a
“relacionar posibles clientes con distintos actores intermediarios a fin de concretar transferencias monetarias de cientos de millones de euros entre distintos países, mediante procedimientos no rastreables en el sistema bancario, lo que generaba comisiones para el grupo en porcentajes específicos del total".
Según la UIF, un hecho que reforzaría las sospechas de que las maniobras del Grupo Buenos Aires eran ilícitas fue la dinámica de las operaciones y los mensajes que se intercambiaban, donde en ningún momento se nombraba a las verdaderas partes involucradas. Tampoco se acreditó la procedencia lícita de las grandes sumas de dinero. Los procedimientos varían de país en país con diferentes tramos e incluyen diversas sedes offshore y guaridas fiscales. Las gestiones llevadas adelante por los miembros del grupo implicaban el pago de abultadas comisiones a través de Paymasters, una empresa que gestiona cobros en nombre de terceros y cuya identidad no se expresa en la documentación de las operaciones. En este caso, los integrantes habrían cobrado a través de la empresa Goldmax Development Limited, vinculada a los Panamá Papers.
En ese sentido, se investiga al Grupo Buenos Aires, por haber conformado una asociación ilícita dedicada a efectuar de forma habitual, organizada, con división de roles específicos y de manera estable en el tiempo, transferencias financieras internacionales a sabiendas del origen ilícito de los fondos y con la finalidad de dar apariencia de simular dicho origen espúreo, dar apariencia de licitud a los mismos y colocarlos en circulación en el mercado.
Según surge de la investigación,
Pablo Bloise y Marcelo D´ Alessio tomaban contacto directo con una de las partes negociadoras y percibían los fondos a transferir, mientras que
Ricardo Bogoliuk y Marcelo Patricio González Carthy se relacionaban con la contraparte a quienes transferían los fondos. Por su parte,
Aldo Sánchez, trataba directamente con las personas que buscaban colocar el dinero en el sistema bancario (para blanquearlo) y así disponer del mismo en cualquier parte del mundo.
Asimismo, las maniobras investigadas en la causa también involucran al periodista
Daniel Santoro por delitos de extorsión y vínculo con la organización criminal. El delito de extorsión es uno de los delitos de lavado de activos que el Organismo de control debe investigar según la ley 25.246 que rige su funcionamiento. En este sentido se recalca que el Estado Nacional ha asumido compromisos internacionales en la lucha contra hechos de corrupción, como los cometidos por parte de la organización criminal, que afectaron el correcto funcionamiento de distintas instituciones del Estado.
En cuanto a la participación de Stornelli, se le atribuye haber solicitado indebidamente a Marcelo D’Alessio y asentido que se realizaran tareas de inteligencia ilegales sobre la persona de
Jorge Christian Castañón Distefano (ex pareja de su concubina florencia Antonini Modet) con el objeto de involucrarlo en un hecho delictivo. La causa caratulada
“Stornelli Carlos y otros s/ asociación ilícita y extorsión querellante: Etchebest, Pedro y otros” que tramita en el Juzgado Federal de Dolores, tiene como imputados a Marcelo Sebastián D´Alessio, el fiscal Carlos Stornelli, el prefecto Franco Pini y Ricardo Bogoliuk, Pablo Leonardo Bloise, Marcelo Patricio González Carthy de Gorriti y Aldo Sánchez por formar parte de una asociación ilícita.
REPASO
Hace exactamente un mes, Bava comenzó los trámites para elevar a juicio la investigación que inició su colega
Alejo Ramos Padilla el 28 de enero de 2019 tras la denuncia del empresario Pedro Etchbest, que declaró que D’Alessio y Stornelli querían extorsionarlo para no involucrarlo en la causa de los cuadernos, que llevaban adelante el fiscal y el juez Claudio Bonadio desde agosto del año anterior. Después de los allanamientos al
country Saint Thomas donde vivía D’Alessio y con el secuestro de sus computadoras y celulares, Ramos Padilla empezó a reconstruir cómo funcionaba una organización con terminales en la propia Agencia Federal de Inteligencia (AFI), en ministerios y en la Justicia.
Pese a que la situación de Stornelli aún está para ser revisada en la
Cámara Federal de Casación Penal, Bava les pidió a las querellas que opinaran si el expediente podía empezar su camino hacia el juicio oral. La Unidad de Información Financiera (UIF), Maximiliano Rusconi, Gabriel Palmeiro y José Manuel Ubeira, entre otros, pidieron que se avance con el juicio oral. Por la magnitud de la causa, el expediente se encamina a ser elevado en tramos -como sucede con las megainvestigaciones, por ejemplo, en delitos de lesa humanidad-. Entre otros, los querellantes pidieron que se eleve a D’Alessio, Stornelli, al expolicía y exintegrante de la AFI Ricardo Bogoliuk, al exprefecto Franco Pini y otros integrantes de la banda.
El fiscal Curi, entonces,
desde este martes tendrá seis días para formular el pedido de elevación a juicio. Curi ya había pedido en abril del año pasado que se elevara un tramo, pero Ramos Padilla prefirió esperar para que no llegara a juicio oral una asociación ilícita desmembrada. Después de que se pronuncie el fiscal, Bava podrá clausurar la instrucción y enviarla a Mar del Plata para que los hechos sean tratados por el tribunal oral.
Bava subroga en Dolores desde marzo, cuando Ramos Padilla asumió al frente del Juzgado Federal 1 de La Plata con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires.
Desde Dolores continuó con las investigaciones de espionaje que arrancó su colega, dictó nuevos procesamientos en la causa del D’Alessiogate, en la del “Proyecto AMBA” de la AFI y en la del espionaje a los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan. En los últimos diez días sacudió el tablero al citar a indagatoria al expresidente Mauricio Macri por haberle ordenado presuntamente a la AFI seguir a las familias de los submarinistas entre finales de 2017 y finales de 2018. Desde el macrismo, acusan a Dolores de ser un “juzgado anti-PRO”.
