El fiscal federal Franco Picardi se refirió al intento de obstaculizar la causa que investiga las presiones que habría ejercido la Mesa Judicial macrista sobre magistrados y fiscales a partir de un documento que presentó el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires ante la Procuración General de la Nación que está a cargo del interino Eduardo Casal.
En este sentido, Picardi,
le indicó al Procurador en un escrito que respondía al de la organización el cual, según él, "perseguiría interferir indebidamente y en base a sustentos falaces en una disposición procesal atinente a una investigación criminal en curso", al haberse presentado para protestar por una medida que había dispuesto.
Esta última
apuntaba a reconstruir las presiones públicas denunciadas por jueces y fiscales y a determinar si había una estrategia comunicacional específicamente diseñada para interferir el accionar de la justicia e implicó la producción de un informe que releve "todas aquellas manifestaciones directas, de carácter público" de funcionarios y allegados al Gobierno de Mauricio Macri, que tuviera "connotaciones críticas, negativas, peyorativas y/o descalificantes, en términos profesionales y/o personales" hacia las personas que revisten la calidad de víctimas en el expediente.
La medida planteada apuntó a corroborar o desacreditar los dichos de las víctimas quienes declararon que las presiones del Poder Ejecutivo incluían manifestaciones públicas del gobierno de Cambiemos y afines que generaban un escenario hostil el cual se completaba con denuncias contra los jueces y fiscales que tomaban decisiones contrarias a los intereses de la Casa Rosada.
El Colegio de Abogados reclamó ante Casal la suspensión de la medida por considerarla atentatoria contra la libertad de expresión y solicitó sanciones para el fiscal, de quien puso en duda su idoneidad.
"El repudio articulado se sustenta en deducciones amplias, sin apoyo ni referencias concretas a mi actuación funcional, ni al contenido de la instrucción que se tilda de lesiva", respondió Picardi en el informe al Procurador General interino.
A su vez sostuvo que la medida "no vulnera la libertad de expresión, ni los preceptos de intimidad y privacidad, el derecho de libertad de expresión se mantiene incólume, pues no hay en juego riesgos de censura ni acusaciones penales promovidas por conductas que se ciñan aisladamente a las manifestaciones de una persona".
El relevamiento que pidió Picardi y avaló Casal no fue cuestionado sino hasta que trascendieron públicamente los primeros resultados, ya que ninguno de los imputados se había opuesto a su realización.
En el expediente conocido como Mesa Judicial ya declararon más de una decena de funcionarios del poder judicial que en calidad de víctimas o testigos dieron testimonio de cómo habrían sido las presiones desplegadas desde el gobierno macrista durante el período 2015-2019.
