01.09.2022 / Judiciales
Problemas para Bullrich: la indagaron en Neuquén por perseguir a mapuches y podría ser procesada
La exministra de Seguridad de JxC declaró de forma virtual imputada por un allanamiento, similar a lo que después hizo con Maldonado, de Gendarmería en la Comunidad Mapuche Campo Maripe, Vaca Muerta. La acusan de abuso de autoridad y secuestro. Se define todo en 10 días.
La titular del PRO y ex ministra de Seguridad bajo gestión de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, afronta una situación completa en una causa en la que tuvo que declarar acusada de "abuso de autoridad" y "privación ilegal de la libertad” por perseguir a través de un operativo de Gendarmería similar al que precedió a la muerte de Santiago Maldonado a mapuches.
Se cumplió la medida dispuesta por el juez neuquino, tras varias postergaciones, a partir de la denuncia realizada por la comunidad afectada y por la Confederación Mapuche de Neuquén.
El juez decretó el secreto de sumario, por lo que no trascendieron detalles de la declaración de la exfuncionaria nacional. También en forma virtual enfrentó al magistrado por la misma situación Pablo Noceti, exjefe de Gabinete de Bullrich en el Ministerio de Seguridad, imputado en la misma causa.
La de Bullrich fue la quinta indagatoria en un marco de estricta reserva, que incluyó a Nocetti pero también a tres ex altos mandos de la Gendarmería: los comandantes principales Carlos Ariel San Emeterio y Jorge Elías Mariani y el comandante de la Región V Luis Héctor Lagger.
Con la palabra de Bullrich y Nocetti, en diez días el juzgado federal número dos de Neuquén, a cargo de Villanueva, debería resolver sus respectivas situaciones procesales, que podría dejar complicada a la ex ministra de Mauricio Macri.
En junio de 2017, de acuerdo con la denuncia, gendarmes aparentemente sin orden judicial allanaron tierras de la comunidad Campo Maripe durante una protesta que estaban realizando contra la intención de YPF de perforar un pozo de petróleo sin consentimiento previo.
Según explicaron los integrantes del colectivo de pueblos originarios, “alrededor de las 9 de la mañana ingresaron más de 80 gendarmes armados al territorio del Lof Campo Maripe", quienes "sin consulta, ni autorización, cortaron los ingresos y los caminos internos" en un "procedimiento totalmente desmedido, sin mediar palabra, ni exhibir orden judicial, llevo a la alerta de todas las familias del lof”.
Los mapuches pidieron a los gendarmes que exhibieran la orden judicial que autorizaba su accionar, pero “el jefe de operativo nunca evidenció la orden de desalojo, ni allanamiento", y sólo acusó "‘órdenes del Ministerio de Seguridad de la Nación’, comandado por Patricia Bullrich”.
Según la denuncia que dio inicio al expediente, el desalojo había sido pedido por la petrolera estatal YPF, por entonces bajo la administración del gobierno de Macri.
Según explican desde la comunidad, el allanamiento a Campo Maripe tuvo características que se repetirían poco más de un año más tarde y que causaron la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado.
Bullrich había pedido en varias oportunidades el cierre de la causa por prescripción, por “insubsistencia de la acción penal” y por supuestas violaciones a las garantías constitucionales, un argumento similar, pese a la diferencia de hechos, al que invoca la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la Causa Vialidad y que el macrismo rechaza como válida.
Las defensas denunciaron que en el marco de la investigación existió “la afectación de algún derecho federal, en este caso, el debido proceso, el derecho de defensa en juicio y a ser juzgado en un plazo razonable”. Pero, además, consideraron que la decisión de mantener abierto el expediente “no constituía una derivación razonada del derecho vigente, carecía de motivación suficiente y, por lo tanto, resultaba manifiestamente arbitrario”. El rechazo a su planteo de prescripción “se había resuelto con prescindencia de las reglas constitucionales invocadas”.
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