L
a querella de Cristina Fernández de Kirchner reclama, al igual que lo hizo la propia vicepresidenta, que se investigue quiénes son los autores intelectuales del intento de magnicidio, mientras que la Justicia federal se centra, al menos hasta ahora, en los autores materiales y algunos eventuales cómplices cuyo contacto con los hechos surge de conversaciones de WhatsApp.
Desde la Justicia federal insisten en que todas las líneas de investigación permanecen abiertas y aseguran que se buscará descifrar quiénes pudieron estar detrás de los autores materiales del ataque fallido del 1° de septiembre.
La idea de que los
autores intelectuales del intento de magnicidio fueron personas distintas a quienes finalmente ejecutaron el ataque es una de las principales líneas de investigación impulsadas por la querella y así lo reveló la propia vicepresidenta el último viernes durante su defensa en el juicio Vialidad. “Nadie puede pensar que esa banda (de autores materiales) planificó o ideó la autoría intelectual de lo que me hicieron", sostuvo Cristina Kirchner.
Por el ataque a la Vicepresidenta se encuentran detenidos y procesados como coautores del hecho
Fernando André Sabag Montiel, el hombre que gatilló una pistola hacia la cabeza de la exmandataria, y su pareja
Brenda Uliarte, quien lo acompañó hasta el lugar del hecho y se jactaba en mensajes de WhatsApp de haberlo enviado a cometer el magnicidio.
También se encuentra detenida
Agustina Díaz quien mantuvo conversaciones con Uliarte, al menos desde el 4 de julio, en las que se habla de matar a Fernández de Kirchner e incluso de cómo esconderse luego para evadir el accionar de la Justicia.
Díaz usaba una línea telefónica a nombre de Uliarte y su teléfono comenzará a ser peritado esta semana, según informó Télam. No será el único: hay al menos otros 5 teléfonos secuestrados en distintos allanamientos que serán sometidos a peritajes en los próximos días, aunque es baja la expectativa de que surjan de allí datos de trascendencia.
El cuarto detenido del caso es
Nicolás Gabriel Carrizo, el líder de la “banda los copitos”, quien tras el peritaje a su celular (entregado de manera voluntaria) quedó como establecido como alguien que conocía el plan para matar a la Vicepresidenta.
Tras su detención, se presentó para defenderlo el abogado
Gastón Marano -que por entonces colaboraba también con un senador del PRO en la comisión bicameral de seguimiento de los organismos de Inteligencia-, y quien reclamó la nulidad de los mensajes del celular de Carrizo porque él había aportado el dispositivo en calidad de testigo. El intento, por supuesto, fue rechazado.
Marano solicitó, además, una serie de medidas tendientes a despegar a Carrizo del atentado con la idea de que sólo tenía un vínculo laboral con los atacantes: para ello se enfocará en los mensajes de WhatsApp que acumula con ellos hasta el día del hecho.
Desde la investigación, pero principalmente desde la querella,
se cree que Carrizo es quien puede conducir la investigación hacía los eventuales autores intelectuales del atentado fallido.
El miércoles pasado la querella de la vicepresidenta hizo una presentación judicial en la que aportó un dato sensible al expediente, vinculado con un posible nexo del imputado y pidió que se investigue quién está por arriba del detenido Carrizo en un legajo reservado.