La próxima semana comenzarán las sesiones extraordinarias en la Cámara de Diputados donde se tratarán 27 proyectos, entre ellos, el juicio a la Corte Suprema de Justicia impulsado por el Frente de Todos que esta mañana
la Corporación de Abogados Católicos (AICA) rechazó sumándose a un grupo de empresarios que pidieron que se deseche el pedido al señalar que “afectará la inversión privada en Argentina”.
La Corporación de Abogados Católicos manifestó su rechazo al intento de juicio político que el Frente de Todos impulsa contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia a través de un comunicado donde
afirmó que la maniobra “atenta contra instituciones básicas” para el funcionamiento del país y advirtió que la medida busca “condicionar futuros pronunciamientos”.
“El juicio político que se intenta realizar a la totalidad de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
tiene la exclusiva finalidad de avasallar al Poder Judicial, dada la manifiesta ilegitimidad de la causal que lo motiva, consistente en el contenido de sentencias dictadas por el tribunal en causas en las que la Constitución Nacional le atribuye indudable jurisdicción para su conocimiento y decisión, y que fueron precedidas de un procedimiento regular por el que se garantizó a las partes el debido proceso y el derecho de defensa en juicio”, manifestaron.
En ese sentido, la corporación consideró que el proceso impulsado por de Alberto Fernández contra
Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, constituye “un propósito destituyente, concomitante con la búsqueda de mecanismos espurios para incumplir los fallos” y que “atenta contra instituciones básicas para el funcionamiento de la República, como la división de poderes y el respeto irrestricto de las resoluciones judiciales”.
Y criticaron la “conducta facciosa y funcional a los lineamientos de quien ostenta el Poder Ejecutivo Nacional”.
Para el grupo de abogados el Gobierno motró “la intención de hostigar y amedrentar a los jueces, con el objetivo de condicionar futuros pronunciamientos, abusando de su condición de mayoría en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, a través del indebido inicio de una investigación sobre los magistrados sin el previo tratamiento y en clara violación a lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución Nacional, dado que corresponde al cuerpo en pleno, por mayoría de dos tercios, disponer no solo la eventual acusación posterior, sino también el inicio mismo del procedimiento”.
“En consecuencia, los actos que se desarrollen sin cumplir este requisito deben ser calificados de verdaderas vías de hecho contra un poder legítimo del Estado, afectados de nulidad insanable de conformidad a la doctrina de los artículos 29, 33 y 36 de la Constitución Nacional”, concluyó el comunicado de AICA.
LOS EMPRESARIOS PIDEN DESCARTAR EL JUICIO A LA CORTE DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS
Desde el sector empresarial le pidieron a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados que deseche el pedido de juicio contra la Corte Suprema de Justicia promovido por el Gobierno al advertir que “afectará” la inversión privada en la Argentina.
En una carta de 17 páginas,
500 empresarios y profesionales les pidieron “a los integrantes de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados como así también al resto de los diputados de dicha Cámara que
desistan del intento de juicio político a los jueces miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)”.
Entre los ejecutivos que firman están Facundo Gómez Minujin (JP Morgan-Amcham), Gonzalo Tanoira (ACDE- San Miguel) , Arturo Acevedo (Acíndar), Cristiano Rattazzi (Fiat), Gastón Remy (Nuqlea), Roberto Murchison, Claudio Cesario (ABA), Guibert Englebienne (Globant) y Eduardo Gorchs (Siemens Argentina).
También la suscribieron Alejandro Elsztain (Cresud), Luis Bameule (AEA), Gerardo Cartellone, Carlos Miguens, Eduardo Caride, Javier Goñi (Ledesma), Juan Vaquer (Dupont), Silvia Bulla (Danisco), Nicolás Braun (La Anónima) y Enrique Cristofani. Además, se sumaron Miguel Blanco (Swiss Medical), Juan Carlos Cassagne, Máximo Founruge, Cecilia Mairal y Javier Patrón (Estudio Marval), César Litvin y Santiago Mignone (PwC), Guillermo Lipera (Idea), Alberto Garay (Colegio de Abogados de la Ciudad) y Juan Vaquer (Dupont - ACDE).
“La Constitución Nacional es el pacto social que une a los argentinos y es el marco en el cual se desenvuelven todas las actividades que se desarrollan en el país”, marcaron y señalaron: “El respeto a la división de poderes y el acatamiento a las sentencias del Poder Judicial son elementos esenciales de dicho marco y fundamentales para que exista y se mantenga la inversión privada y la creación de empleo, único camino para reducir la pobreza que afecta a gran parte de nuestros conciudadanos”.
“Iniciar un proceso de juicio político a los integrantes de la CSJN por no estar de acuerdo con el contenido de sus sentencias, causa no prevista en la Constitución Nacional, es un desatino institucional que, además de ponernos en evidencia negativamente ante los ojos del mundo, pone en duda cualquier decisión de inversión a largo plazo en Argentina”, afirmaron y cuestionaron en línea con la oposición: “
¿Quién va a invertir en un país que cambia las reglas de juego permanentemente y desconoce los fallos de la Justicia?”.
Los empresarios
también se pronunciaron en contra de la iniciativa, aprobada por el Senado de la Nación para aumentar la composición de la Corte de 5 a 15 miembros.
Desde la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), expresaron su “honda preocupación” y la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (Amcham Argentina), al indicar que “
si bien el servicio de justicia enfrenta serios desafíos para dar respuesta en tiempo y forma a demandas sociales de todo tipo, cabe preguntarnos si la solución de los problemas actuales es triplicando o quintuplicando su número de miembros”.