05.07.2023 / Tras las represiones
Por "orden expresa" de Gerardo Morales, la Físcalia de Jujuy será querella contra los manifestantes
Así lo informaron el Fiscal, el procurador general y el ministro de Seguridad provincial, quienes remarcaron que iniciarán procesos penales y le cobrarán grandes multas a los manifestantes que corten rutas y protesten contra la reforma constitucional de Jujuy.
El Gobierno de Jujuy, liderado por Gerardo Morales, informó que la provincia asumirá la querella en los procesos penales que estén en curso tras las manifestaciones que se llevaron adelante en la previa a la sanción de la polémica reforma Constitución provincial.
En una conferencia de prensa el Fiscal de Estado, Miguel Ángel Rivas; el procurador general, Sebastián Albesa; y el ministro de Seguridad, Guillermo Corro, señaló que van a buscar que se apliquen los "montos mayores de pena" con el fin de que se "restablezca el clima de paz, de armonía, de progreso".
Sobre las protestas que se desataron ante la aprobación inconsulta, Rivas sostuvo: “Entendemos que han sido planeados y orquestados, que tratan de quebrar el Estado de derecho” y remarcó que "la Constitución está en vigor y hay que respetarla". En ese sentido, aseguró que la Fiscalía actuará por "orden expresa del gobernador", Gerardo Morales.
"Se quiere volver al uso extremo de la violencia, a métodos extorsivos y sediciosos", sostuvo Rivas al dar a conocer el accionar que llevará a cabo de ahora en adelante. Además de señalar que buscarán que se apliquen las penas mayores, dijo que buscará la "detención efectiva" de los acusados "hasta que se obtengan las sentencias definitivas" e informó que "se va a embargar patrimonialmente a cada uno de los responsables, a estos delincuentes y violentos. Se le va a reclamar a todos los daños y perjuicios producidos al Estado provincial de manera integral", dijo.
Los delitos que mencionaron van desde estorbo funcional hasta sedición e intento de homicidio, por lo que les caben procesos penales de hasta 25 años de prisión o reclusión. La provincia también buscará el "resarcimiento" con multas que que suman unos 2 millones 500 mil pesos, entre lo que cuentan los incendios en la Legislatura provincial, en el Concejo Deliberante de Humahuaca y el impacto en el turismo. También se llevan adelante procesos contravencionales.
"Se van a llevar los procesos judiciales hasta sus últimas consecuencias", insistió el fiscal jujeño y subrayó que en todos los casos "se va a perseguir a autores materiales, cómplices e instigadores".
Rivas aclaró que la querella que asumirá la Fiscalía será también "en los delitos de instigación entorpecimiento de la libre circulación de personas tránsito y transporte para que los autores materiales, cómplices e instigadores reciban penas de hasta 20 años por privación ilegítima de la libertad agravada, atentado a la autoridad, resistencia, lesiones leves doblemente agravadas y entorpecimiento del servicio esencial de salud”.
“La Fiscalía de Estado va a actuar en la ejecución de todas las condenas, calculamos que existen más de 100 procesos iniciados por las autoridades contravencionales, las cuales van a tener penas de hasta 2 millones 500 mil pesos en abstracto según el caso en cada infracción o contravención", explicó.
Por su parte, el ministro de Seguridad informó que estará a cargo de aportar pruebas mediante la Policía provincial, junto con Bomberos y Criminalística, que se pusieron a disposición. "Para todo tipo de falta contravencional se ha realizado el procedimiento respectivo: escándalos públicos, desórdenes, escándalos y molestias a terceros, omisión de ceder paso a vehículos oficiales, como ambulancias bomberos.. reuniones públicas multitudinarias, las disposiciones indebidas de elementos contaminantes y los perjuicios a la propiedad pública y privada", enumeró y aseguró que las imputaciones se llevaron adelante contra personas físicas y jurídicas, identificadas a través de videos, de la prensa, así como de testimonios.
En ese sentido, señaló que “hasta el momento el departamento contravencional ya tiene en su poder más de cien expedientes, una cantidad de 150 personas físicas que ya han sido imputadas. Cinco de ellas ya han sido sentenciadas con multas que van desde los 500 mil pesos hasta los 2 millones de pesos" y aclaró que este tipo de multas pueden ser impuestas una innumerable cantidad de veces, cada vez que se corte una ruta.
"Para la Fiscalía de Estado es un deber constitucional requerir la protección de los intereses de la provincia de Jujuy y en este caso estamos hablando del orden constitucional y de la protección del sistema democrático", remarcó Albesa y consideró que "cortar una ruta no es protesta, es delito, que se encuentra penado por el Código Penal".
En esa línea, el procurador remarcó: "Vamos a instar todas las acciones necesarias para dar con los culpables y no solo requerir las penas máximas y el resarcimiento de los daños a la provincia, siguiendo con las instrucciones del Gobernador, vamos a ir para adelante porque no vamos a tolerar la comisión de delitos contra el orden constitucional y contra el sistema democrático”.
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