En una nueva avanzada sobre la estructura productiva nacional, el Gobierno de
Javier Milei oficializó una baja sustancial de aranceles para la importación de maquinaria y herramientas pesadas, al mismo tiempo en que resurgen los conflictos sindicales por la paralización de la planta Acindar que coincidió con la suspensión de 300 trabajadores. La medida se formalizó mediante el Decreto 513/2025 y contempla una reducción del 20 y 35% al 12,6 % en los derechos de importación de 27 bienes de capital, todos con uso intensivo en la industria local.
La decisión del Ministerio de Economía se define por el Ejecutivo como un incentivo a la “productividad y la inversión”, pero impacta sobre sectores estratégicos como la metalurgia, la energía, la industria alimentaria y la construcción. En tanto, incluye desde máquinas de corte láser, plegadoras y prensas, hasta ascensores industriales, bombas centrífugas, hornos de panadería y acumuladores de iones de litio.
La Secretaría de Comercio e Industria aseguró que se busca “abaratar los costos para mejorar la competitividad”, pero la decisión llega en un contexto de creciente tensión social, puesto que la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Río Grande reactivó los reclamos ante la caída de la producción y el esquema vigente de suspensión porcentual de los salarios, directamente relacionada con la liberalización del mercado interno. El gremio venía de enfrentar el achicamiento del sector electrónico luego de la eliminación de aranceles que protegían la fabricación local, especialmente en Tierra del Fuego.
Según datos oficiales, solo en 2024 unas 3.000 empresas realizaron importaciones de estos 27 productos ahora alcanzados por la baja impositiva, mientras que en el primer trimestre de 2025 ya lo habían hecho cerca de 2.000 compañías. Se trata de bienes que representan aproximadamente el 20 % del total de las importaciones argentinas, con un monto que ascendió a casi 10.000 millones de dólares el año pasado.
Además, el Gobierno flexibilizó en paralelo las condiciones para ingresar vehículos usados con características especiales, como tractores, máquinas quitanieve y camiones, profundizando así una política de desprotección del parque industrial nacional. Este nuevo régimen se oficializó mediante la Resolución 293/2025 y se suma a una larga lista de decisiones que debilitan la producción local frente al ingreso de equipos usados.
Desde que asumió la actual administración, ya se redujeron aranceles a más de 1.000 productos, incluidos bienes de consumo y tecnología como celulares, electrodomésticos, telas y calzado. El argumento oficial es que el Gobierno anterior “había elevado los aranceles por encima del Arancel Externo Común del Mercosur con fines recaudatorios”. Sin embargo, el efecto directo derivó en la pérdida de competitividad para las empresas locales, que hoy ven cómo se amplía la brecha con los productos importados.