Un estudio reciente evidenció que, en la actualidad, más de 8 millones de personas se desempeñan en empleos sin acceso a derechos esenciales, sin aportes jubilatorios, obra social ni cobertura frente a accidentes o enfermedades. El fenómeno atraviesa distintos sectores económicos, se agrava en las regiones más rezagadas y afecta gravemente la calidad del empleo en el país.
Según el sitio informativo Argendata, del total de personas en esta situación, 5,5 millones son asalariados que no reciben aportes patronales y 3,3 millones son trabajadores por cuenta propia o patrones que tampoco figuran en los registros oficiales. La tasa de informalidad entre asalariados se ubica en el 36%, mientras que entre los independientes se dispara al 57%. Dentro de ese grupo, los cuentapropistas enfrentan un índice crítico del 62%, y los empleadores pequeños, patrones, se ubican por debajo del 20%.
El rubro de actividad es un determinante central: sectores como el petróleo, la minería, las finanzas y los servicios profesionales tienen tasas de informalidad menores al 15%. En contraste, en ramas como el agro, la construcción, el servicio doméstico o la gastronomía, más del 60% de los trabajadores está en negro. Es decir, que la informalidad no solo depende del tipo de empleo, sino también del lugar donde se desarrolla.
Las provincias del Norte Grande son las más afectadas por la informalidad asalariada. En distritos como Salta, Tucumán o Santiago del Estero, más de la mitad de los empleados no están registrados. Estas zonas suelen tener baja densidad empresarial, estructuras productivas tradicionales y un PBI per cápita reducido. Por el contrario, en la Ciudad de Buenos Aires o en provincias patagónicas como Santa Cruz o Neuquén, la informalidad se mantiene por debajo del 20%, favorecida por un entramado empresarial más sólido y sectores de alto valor agregado.
A diferencia de muchos países de América Latina que lograron reducir sus niveles de informalidad en la última década, en Argentina el fenómeno volvió a crecer. Actualmente, el país presenta una tasa de informalidad del 36% entre asalariados, por encima de Brasil (23,6%) y Colombia, y bastante lejos de los niveles más bajos que exhiben economías como Chile (14,8%) o Uruguay (9,6%). Esta diferencia refleja no solo una debilidad estructural del mercado laboral argentino, sino también la falta de políticas efectivas y sostenidas para fomentar la formalización.