En medio del escándalo de corrupción que envuelve a la Agencia Nacional de Discapacidad, empleados con discapacidad denuncian recortes, cierre de centros de atención y una sobrecarga de tareas que deja en evidencia el vaciamiento del organismo.
Según detalló Andis, los empleados explicaron que, ante los despidos, los sectores de Comunicación, Call Center y Atención Ciudadana fueron unificados de manera improvisada, quedando como única vía para responder reclamos vinculados a pensiones, certificados de discapacidad y afiliaciones al programa Incluir Salud. A esto se suma el cierre de los centros de referencia en el interior, lo que deja sin atención presencial a miles de personas que no tienen acceso a internet y que antes podían resolver sus trámites de manera cercana y personalizada.
Las denuncias también señalan un retroceso en derechos laborales para los propios trabajadores con discapacidad. “Nos invisibilizan, nos quitaron medios de transporte y en muchos casos sólo nos ofrecen trabajar desde casa, lo que nos aísla y nos priva del contacto con compañeros”, relataron. Otros testimonios remarcan que la gestión evita hacerse cargo de la asistencia personal que algunos empleados necesitan para realizar tareas básicas, dejando los costos en manos de cada trabajador.
“El Estado nos considera un gasto. Para que haya buenas políticas públicas hay que invertir, pero los políticos deciden robar la plata”, sentenciaron los empleados de ANDIS, en un reclamo que expone la crudeza del ajuste y la indiferencia hacia uno de los sectores más vulnerados de la sociedad.