El Gobierno nacional prorrogó por 120 días más la intervención de Casa de Moneda Sociedad Anónima Unipersonal, con el objetivo de finalizar la restructuración de la empresa. La medida, oficializada a través del decreto 615/2025 publicado en el Boletín Oficial, confirma al frente del proceso al doctor Pedro Cavagnaro.
En los considerandos del decreto, se indicó que “la naturaleza de las tareas pendientes de ejecución tornan necesario prorrogar la intervención”, luego de que la Intervención presentara un informe el 26 de agosto señalando que “la complejidad del proceso emprendido torna insuficiente el plazo previsto” en la reconformación estructural y operativa del decreto 442/2025.
La intervención de Casa de Moneda se había dispuesto originalmente por 180 días el 1° de noviembre de 2024 mediante el decreto 964, y posteriormente se transformó la entidad en una Sociedad Anónima Unipersonal. La primera prórroga fue establecida por el decreto 295 del 29 de abril, un día después de que Cavagnaro presentara un “Estado de situación” detallando las condiciones de la compañía.
El informe oficial destacó problemas estructurales y financieros de la sociedad, como también la existencia de “dos establecimientos industriales con grandes costos operativos, sin que en ninguno de ellos se llevasen a cabo los procesos productivos de manera integral” y un “exceso de maquinaria importada, que en determinados casos siquiera ha sido instalada”.
La reducción de la actividad de la empresa se vinculó a la rescisión de contratos con el Banco Central y la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios. El documento oficial señaló que esto implicó que “no se generaba un flujo suficiente para mantener las áreas operativas y pasivos corrientes de la compañía, ni para permitir una adecuada operación y mantenimiento de la empresa, sin recurrir a aportes del Tesoro Nacional”.
Actualmente, las tareas que continuará realizando Casa de Moneda incluyen la fabricación de dinero circulante y especies valoradas requeridas por el Estado, la asistencia en el proceso de atesoramiento, destrucción y disposición final de residuos de dinero circulante, y la realización de impresos para entidades públicas o privadas. Las otras áreas, como instrumentos fiscales de control, pasaportes y billetera virtual, fueron transferidas a organismos como ARCA, Renaper y Arsat, respectivamente.